En silencio, sin prensa ni grandes anuncios, trabaja desde fines de febrero la Dirección General de Atención y Asistencia a la Victima, a cargo de Mara Brawer, a la que acuden las familias o personas que sufrieron un hecho de violencia para reencausar su vida. Para ello cuentan con un equipo interdisciplinario que ya trabajó en casos resonantes, y pese a ello su labor no trascendió a los medios de comunicación.
"Empezamos a funcionar en febrero, marzo con un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y educadores, y nuestro objetivo es la asistencia integral a la víctimas, en los aspectos jurídicos, psicológicos y sociales", señala Brawer, quien destaca que así se busca evitar la revictimización de la persona. La funcionaria también recalca que el Gobierno de la Ciudad se haya hecho cargo de esta situación y que, además, lo haga desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la que depende la Dirección que conduce.
"Trabajamos -añade- para que la superación de la crisis le permita a la persona recomponer su vida habitual con recursos para afrontar esta nueva circunstancia que le toca vivir y posicionarse de manera distinta para que esto sea, como en toda crisis y proceso traumático, un proceso de aprendizaje que te coloque en más y no en menos".
Hasta el momento asistieron a las víctimas y sus familias de más de 70 casos de secuestro express, homicidios en ocasión de robo, gatillo fácil, usurpaciones, incendios intencionales, causas armadas. Los casos llegan al área que dirige Brawer derivados de CGP’s, centros de salud, hospitales o por el boca a boca. "Hay algunos casos que son simplemente una orientación, que denominamos ‘atención’ en lugar de ‘asistencia’", indica la funcionaria, quien cifra en más de 100 a las cuestiones en las que fue brindado este tipo de servicio.
"Cada área -agrega- tiene distintos roles que se van complementando por esta estrategia de la integralidad, porque ante un delito no sólo está la consecuencia jurídica. Sabemos que, en general, esta interrupción en la vida cotidiana que provoca el delito encuentra a la gente desarmada de recursos para responder a esta problemática, desde desconocimiento de los derechos que los asisten, el temor a la realización de ciertos trámites judiciales, o cómo son los peritajes o reconocimientos. Hasta no sabe cómo denunciar".
Brawer explica que la oficina porteña "es una construcción del jefe de Gobierno, que está regulada por las leyes 1.224 y 1.216 que hablan, respectivamente, de la creación de un programa y de un centro de asistencia a la víctima del delito y del abuso de poder. En lo referente al abuso de poder se refiere a todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos y en cuanto al delito, el común cometido por particulares y previsto en el Código Penal".
Los funcionarios del área acompañan a las víctimas en los procesos judiciales, los asesoran y los asisten en las declaraciones que tengan que prestar, pero también se los auxilia para que superen los traumas psicológicos desatados por la situación.
Por ejemplo, una señora a la que le habían matado uno de sus hijos se la ayudó para que se reactivara la causa judicial y se le brindó asistencia psicológica. Pero no es el único caso: hace dos semanas asistieron a una víctima de un secuestro express y ahora ayudan a la familia de la niña gitana baleada, a la madre de un chico al que mataron en una estación de servicio y a la hija de un matrimonio de ancianos que fueron robados y atacados, provocándole la muerte al hombre y dejando en terapia intensiva a la mujer.
Por otra parte, la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima además recibió denuncias de abuso de poder. Tal es el caso de un joven que trabajaba con su bicicleta en un delivery y fue acusado por policías de transportar droga que presuntamente fue colocada por los propios uniformados al momento de detenerlo. Alertados por los funcionarios porteños, los empleados de la fiscalía investigaron el caso y el joven fue absuelto.
A partir de esta situación y de otras similares se está trabajando en la capacitación de los empleados de la Dirección General de la Juventud para recibir y derivar este tipo de denuncias. Próximamente, se hará lo propio con otras áreas del Gobierno de la Ciudad.
Brawer también proyecta crear una oficina que se encargue de analizar la información que van obteniendo a partir de los casos que atienden, de forma tal de mejorar la coordinación de las políticas públicas y, de ser necesario, proponer modificaciones de normas. Asimismo, se propone establecer mecanismos de mediación entre víctimas y victimarios en los casos más triviales, para que haya algún tipo de reparación.
