En la sesión que se realizó este jueves en la Legislatura porteña, el vicepresidente primero del cuerpo, Cristian Caram (UCR), denunció que en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires fueron nombrados 280 empleados en planta permanente sin concurso previo, generando un escándalo mayúsculo.
En las tribunas reservadas al público, los empleados de la repartición denunciada respondieron a las acusaciones con cánticos -en uno de ellos, irónicamente, le ofrecían a Caram un contrato de trabajo-, insultos de variado calibre y amenazas contra los diputados.
"En abril de 2001, la Auditoría le envió a esta misma Legislatura un proyecto de reglamento para llamar a concurso del personal y un pedido de partida presupuestaria para realizarlo. Estos mismos diputados, entre los que se encuentra el propio Caram, nunca votaron su aprobación", manifestó una abogada, una más entre los tantos empleados cuestionados.
"Caram quiere que la Auditoría se convierta en un espacio para colocar a sus punteros y que no controle a nadie. Además, por si esto fuera poco, el Estado porteño ha gastado mucho dinero en la capacitación de estos empleados, que fuimos designados por el Colegio de Auditores por medio de varias resoluciones que tienen un correcto sustento jurídico", planteó, furioso, otro de los trabajadores de la repartición.
"En este carnaval de la Auditoría, Caram privilegió la interna radical por sobre la institución -manifestó la diputada Alicia Pierini-. Este jueves, la Legislatura debía sancionar una ley para establecer la obligatoriedad de la enseñanza media, pero el miércoles, en la reunión de Labor Parlamentaria, Caram, que la preside, no anticipó ninguna crítica contra la Auditoría".
"Lo peor es que este diputado había efectuado una objeción a la ley de enseñanza media que estábamos a punto de votar-agregó la diputada Pierini-, porque quería otorgar subsidios que no estaban previstos, o sea que, además, su actitud es de un claro boicot al proyecto que envió a la Legislatura el secretario de Educación, Daniel Filmus.
Por el contrario, el diputado -compañero de bancada de Caram- Jorge Enríquez dijo que "el hecho de que no haya habido concursos viola la Ley 471, de Empleo Público. Es un contrasentido que quienes nos controlan, a su vez, no cumplan con la ley".
"De todos modos -amenazó finalmente Enríquez- existen mecanismos de remoción de los auditores, y nosotros estamos pensando en utilizarlos".
Cuando la sesión comenzó a languidecer, como ocurre siempre cuando no son resueltas las controversias, las versiones sobre conspiraciones de variada gama arreciaban en los pasillos de la Legislatura, tan sinuosos que en ellos, a veces, hasta se pierde la razón. No se explica sino cómo alguien puede afirmar que Caram tomó esta actitud porque en la lejana Universidad de Buenos Aires alguien anuló 46 contratos.
