A través de un proyecto de ley presentado recientemente en la Legislatura porteña, el vicepresidente primero de este cuerpo, Cristian Caram (UCR), propuso crear el Fondo de Ingreso Educativo Universal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FIEUCABA). El mismo consistiría en un asignación mensual de 50 pesos, entre marzo y diciembre de cada año, de cobro bimestral, a la que tendrán derecho todos los jóvenes de 12 a 18 años. Deberán demostrar su regularidad y asistencia a un establecimiento educativo público o de gestión privada con aporte estatal del 100 por ciento, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad, y que además, acrediten domicilio legal en esta jurisdicción.
Caram establece que los fondos para la aplicación del Fondo de Ingreso Educativo Universal, salgan del presupuesto de la Ciudad pero, a través de un cláusula transitoria, dispone que el proyecto se aplique de forma progresiva "priorizándose en los primeros años (…) a los sectores de menores recursos". El plazo máximo que otorga el hombre radical para la concreción total de su proyecto, a partir de su aprobación, es de cinco años.
El IEUCABA se abonará a la madre, padre, tutor o responsable legal del beneficiario. A los efectos de verificar tanto la correcta utilización de los fondos, como la regular la concurrencia de los estudiantes a los establecimientos educativos, se crearía, en el ámbito de la Legislatura, la Comisión de Seguimiento y Control del FIEUCABA que estará integrada por los secretarios de Educación, Promoción Social y Hacienda y Finanzas, como también por los tres presidentes de las Comisiones de Educación, Presupuesto y Política Tributaria y Políticas de Promoción Social de la Legislatura.
El proyecto de Caram establece un plazo máximo para su reglamentación de 60 días a partir de la sanción del mismo. Además, otorga la facultad al Poder Ejecutivo de "plantear excepciones para el caso de alumnos con sobreeedad en el sistema educativo".
"La puesta en marcha del FIEUCABA puede justificarse por las razones siguientes: el pago de un ingreso regular fundado en lo educativo produce impactos favorables muy positivos en los grupos familiares más vulnerables: facilita la construcción de consensos políticos alrededor de la idea de cambiar la estrategia global en el área social hacia redes de seguridad universales y preventivas. También permite retomar compromisos sociales de solidaridad intergeneracional, abandonados por las actuales políticas y que resultan esenciales para construir un proyecto con visión de futuro que involucre al conjunto de la sociedad. Por último, porque favorece una mejor programación de las reformas institucionales y fiscales requeridas por el proceso de construcción de la red de seguridad", concluye el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad.
