El proyecto del Gobierno de la Ciudad para mudar el Centro Cívico al sur de la Capital volvió a tener un revés judicial.
Ante el inminente comienzo de obras en terrenos del hospital neuropsiquiátrico José Borda, y frente a la presentación el pasado viernes de una acción de amparo, la titular del juzgado N°6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Patricia López Vergara, dictó una medida cautelar el pasado domingo ordenando al Gobierno porteño que "impida dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento preparatorio de obra o afectación del funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda".
Impulsada por la Junta de Delegados de los Talleres Protegidos del Borda, el Secretario General de UTE, y con el patrocinio de la Defensoría General de la Ciudad, la presentación judicial contó con una amplia argumentación realizada por el defensor general adjunto y titular de la Unidad Especial de Patrimonio Histórico, Roberto Andrés Gallardo, quien señaló la existencia de una ley local que protege esos terrenos, la condición del Borda de Monumento Histórico Nacional, y la presencia de yacimientos arqueológicos urbanos en la zona donde se proyecta construir por lo que cualquier tarea en el lugar deberá ser analizada y aprobada por ?los organismos competentes relativos a la protección del Patrimonio Histórico".
La jueza López Vergara hizo lugar al amparo, no sólo sobre la base de las diversas leyes que protegen al predio por su valor patrimonial y ambiental, también fundó su sentencia en la presencia entre las condiciones del pliego de licitación de las obras, de un punto que ordena a la empresa contratista a entregar ?los objetos de valor científico o arqueológico? que pudieran hallarse durante las excavaciones (punto que al entender de la magistrada, "reconoce la posibilidad cierta de que en el predio en donde se realicen las excavaciones para la construcción del centro cívico existen restos arqueológicos de valor histórico").
En la presentación efectuada por la Defensoría General de la Ciudad se menciona que el yacimiento arqueológico consistiría en túneles, sótanos y pasadizos que no fueron relevados previamente y que conectan el Borda con el Hospital Braulio Moyano. El amparo presentado también remarca la falta de un estudio de impacto ambiental.
"De la normativa reseñada y la documental adjunta no surgiría que se hubieran cumplido los requisitos establecidos por la ley para la realización de obras en sitios declarados monumentos históricos, ni para la protección de las reliquias arqueológicas que pudieran encontrarse", expresa la jueza en su resolución, destacando también que "los valores sociales, culturales y de patrimonio histórico que podrían verse afectados son de importancia vital para la comunidad toda involucrada en su hábitat, por lo cual se halla implicado en sus consecuencias la protección del interés público ambiental e histórico cultural por encima de toda consideración económica o administrativa".
