Ricciuti bebió un trago amargo en la Legislatura

Ricciuti bebió un trago amargo en la Legislatura

En el plenario de las comisiones de Medio Ambiente y Obras y Servicios Públicos fue cuestionado seriamente el secretario del área ambiental de la Ciudad, Eduardo Ricciuti. Se le echó en cara la prórroga de los contratos de la recolección de residuos por un año y el hecho de que no les hubiera hecho llegar a los diputados los pliegos de la respectiva licitación. La mayoría de los diputados aseguró que no votarán la Ley Marco para la licitación en tanto éstos no les sean enviados


El secretario de Medio Ambiente y Espacio Público, Eduardo Ricciuti, llegó ayer a la reunión plenaria con las comisiones de Ecología y de Obras y Servicios Públicos con una ancha sonrisa, que poco a poco se fue desdibujando ante los embates de que fue objeto por parte de los diputados porteños.

Con la presencia de 14 legisladores, la reunión comenzó tibiamente, con leves cuestionamientos a algunos aspectos parciales de la demorada licitación sobre los contratos de la recolección de residuos. Los funcionarios no pasaron sobresaltos en el primer tramo de la reunión. En esos momentos, los diputados Fernando Finvarb (ARI), Julio Crespo Campos (UCeDé) y Patricio Echegaray (Comunista) preguntaron por algunos puntos conflictivos. Todos querían saber más acerca de -entre otros- los detalles de la prórroga de los contratos con las cuatro empresas que recogen la basura porteña: CLIBA, Eco-Hábitat, AEBA y SOLURBAN. También cuestionaron el plazo de concesión de ocho años que propone el Ejecutivo en el pliego y el hecho de que èste aún no fue recibido por los diputados.

Inmediatamente después de esta tanda de preguntas, los legisladores comenzaron a elevar la temperatura con una serie de cuestionamientos que congelaron las sonrisas de los funcionarios. Echegaray abogó repetidas veces por la sanción de una ley integral de gestión de residuos -algo en lo que Ricciuti coincidió con él-, en tanto que Ripoll anunció -mientras se retiraba- que iba a proponer la reestatización de la recolección y la gestión integral de los residuos. El propio Oscar Moscariello (Demócrata Progresista), aliado permanente del FREPASO, se quejó de que "la Ley Marco abarca apenas una pequeña parte de la gestión de los residuos, por lo que es insuficiente para regir una licitación", en tanto que también cuestionaba el plazo de ocho años que se les otorga a las empresas en el nuevo contrato.

Jorge Argüello, en tanto, había cuestionado momentos antes el artículo quinto del decreto 2134, que otorgó la prórroga por un año a las cuatro empresas titulares de las zonas en las que se divide la ciudad para la recolección de los residuos. Argüello argumentaba que el dictamen por el que la Procuración General porteña autorizó el alargamiento de la concesión estaba fechado el 28 de diciembre de 2001, el mismo día en el que el decreto 2134 había sido firmado. El diputado calificó al hecho de "sospechoso".

Posteriormente, el diputado Crespo Campos manifestó que "esta película ya la vi", que "vimos venir la prórroga", en tanto que afirmaba que "los grandes contratos de la Ciudad de Buenos Aires están destinados a ser prorrogados", en alusión a la readjudicación por decreto del contrato de OCA con la Dirección de Rentas y a otros. El diputadom de la UCeDé leyó a continuación una carta de Humberto Di Paolo -que representaba al Concejo Deliberante en el Ente de Higiene Urbana, en la época en la que el radical Juan Trilla presidía el parlamento porteño- en la que le advertía a éste que las empresas de recolección de residuos no querían que los concejales trataran el pliego y lo ponía sobre aviso acerca de las triquiñuelas legales que se disponían a utilizar para evitarlo.

A partir del relato de la directora general de Higiene Urbana, Gabriela Faustinelli, en el que detalló el proceso que culminó con la prórroga de los contratos, los diputados comenzaron a perder la paciencia. Argüello manifestó que "si no mandan los pliegos, no les votamos la Ley Marco". Moscariello planteó que de ahora en más, en todas las leyes que apruebe la Legislatura se debe incluir una cláusula de responsabilidad, para que se considere responsable al funcionario que no llegue a tiempo con una licitación. Crespo Campos -muy enojado- quería citar a prestar declaración al secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala y al jefe de Gabinete, Raúl Fernández, para que expliquen las causas por las cuales se prorrogaron los contratos.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Ecología, Miguel Doy, cuestionó a Nicolás Gallo, el antiguo secretario de Obras Públicas en los tiempos en que de la Rúa fue jefe de Gobierno, por las licitaciones -entre otras- del Plan Hidráulico y de la basura. Ricciuti quedó en que va a enviar en unos días los pliegos a la Legislatura.

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