Las diputadas Marta Oyhanarte -presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña-, Alicia Pierini -miembro de la misma Comisión- y el diputado Enrique Rodríguez -que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales- convocaron este lunes a las 16 a una conferencia de prensa en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, para referirse a la situación de los seis miembros del Consejo de la Magistratura porteño y de los dos directores de Ejecución Presupuestaria de ese organismo, que tienen una causa penal en su contra, que instruye el juez Criminal de Instrucción Nº 12, Ricardo Warley.
Los legisladores no ahorraron dureza en sus conceptos sobre el organismo que debe designar a los magistrados de la Justicia porteña. Entregaron a los periodistas presentes un documento titulado "Nueva Justicia o Más Impunidad", en tanto que el diputado Enrique Rodríguez expresó que "si tuviera que definirlo con una sola palabra, ésa sería fracaso", refiriéndose a la institución cuestionada.
Al respecto la diputada Oyhanarte afirmó que "seguimos el desarrollo del expediente con atención, aunque nos gustaría que avanzara más rápido".
"Próximamente vamos a designar a los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura -afirmó Oyhanarte-, en tanto que los abogados ya designaron a sus representantes. Lo que queremos es que los que ya fueron elegidos y los que están a punto de serlo asuman el compromiso de aceptar el monitoreo social y el de los organismos de control".
Todos hicieron mención a la ineficiencia del cuerpo, que se suma a la falta de transparencia con que se ha manejado, que derivó en la causa judicial mencionada e impugnaciones de todo tipo en la selección de jueces.
El Consejo de la Magistratura porteño ha gastado desde su inicio casi 200 millones de pesos para crear un solo fuero -el Contencioso Administrativo- y para mantener una estructura mínima de jueces contravencionales y camaristas, todos ellos nombrados a dedo.
"Existe ya un modelo de monitoreo social, que es que impulsó Poder Ciudadano en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que podría implementarse en la Ciudad de Buenos Aires sin ningún problema", manifestó la diputada, que pertenece al bloque Bases y Puntos de Partida.
El diputado Enrique Rodríguez, por su parte, se manifestó preocupado porque los consejeros "han decidido que no les corresponde abonar el Impuesto a las Ganancias y se han eximido a sí mismos de hacerlo. El problema es que esa posibilidad no existe en la Ciudad de Buenos Aires, en la que los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo tributan el impuesto normalmente. Pero lo peor es que los consejeros se autoexcluyeron del tributo amparándose en un fallo de su odiada Corte Suprema de Justicia, ya que ni siquiera se animaron a emitir un fallo propio al respecto".
La diputada Pierini, que fue la autora de la solicitud de investigación original, que dio inicio a la causa que tramita el juez Warley, agregó que, a raíz de la autoeximición impositiva en la que incurrieron los miembros del Consejo de la Magistratura, éstos "están cometiendo el delito de evasión impositiva" y agregó que se libraron oficios a la AFIP para que se expida sobre esa decisión tributaria.
La causa, caratulada "Gauna, Juan Octavio y otros s/Defraudación a la Administración Pública", que lleva el número 23.919/02, solicita la investigación de una larga serie de presuntos ilícitos que habrían sido cometidos por los seis miembros del Consejo de la Magistratura. También en esta causa están imputados, el puntero de la sección 14 de Enrique Mathov, Norberto Urfeig, actual Director de Ejecución Presupuestaria del Consejo y su segundo, Jorge Luis Suárez, quien usurpaba el título de abogado en tarjetas y sellos.
En la causa figuran -entre otros temas- los dos edificios que el Consejo adquirió -en Hipólito Yrigoyen y en Tacuarí 138- por un total de 3.800.000 dólares; el alquiler de cuatro edificios -en Alem 684, en Avenida de Mayo 757, en Combate de los Pozos 155 y en Hipólito Yrigoyen 951-, en forma directa, a pesar del dictamen contrario de la Procuración de la Ciudad. La realización de contrataciones directas por más de 20 millones de pesos sin la confección de expedientes administrativos internos, algo que reconoce el propio Gauna en su descargo a la Justicia. También cuestionaron la compra de tecnología informática y mobiliario, que permanece ociosa ya que no crearon el fuero Contravencional y de Faltas, que casulamente después de tres años lo quieren formar de apuro en estos 30 días que les quedan antes de irse.
