La jueza en lo Contencioso Administrativo y Federal, Claudia Rodríguez Vidal, determinó la suspensión de las audiencias, convocadas por el Ministerio de Economía de la Nación con el objetivo de discutir un aumento tarifario para los servicios públicos privatizados. La decisión judicial se sustenta en una presentación que realizó el viernes pasado la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con las asociaciones de consumidores y usuarios.
En el escrito, los promotores de la suspensión afirmaron que la convocatoria a las audiencias "resulta claramente ilegal, pues viola la ley de emergencia económica, que dispone la renegociación de los contratos a raíz del cambio de las reglas económicas, y no un aumento tarifario como cuestión única e impostergable".
Por otra parte, Fedecámaras, Consumidores Libres, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y las Asambleas Barriales organizaron para este martes 24 de septiembre entre las 20 y 20:30 en todo el país un apagón, bocinazos y cacerolazos para decirle no al Tarifazo en los Servicios Públicos. El lema de esta iniciativa es "todos juntos vamos a poder torcerle el brazo a los funcionarios públicos y a las empresas privatizadas".
También el titular del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Vicente, realizó duras criticas al proceso por el cual el Gobierno Nacional pretende disponer aumentos en las tarifas de los servicios públicos: "Las audiencias convocadas son una farsa, además de ser ilegales. Los errores en los edictos son groseros y no se salvan con rectificaciones que no respetan ningún plazo preestablecido”.
"No podemos participar de unas audiencias públicas orquestadas para castigar una vez más a la gente con aumentos de tarifas –expresó Oliveira-; queremos unas audiencias donde las empresas muestren sus números y dejen de mentirnos con la única excusa de producir un incremento tarifario".
