Abogado, especialista en derecho económico-empresarial, llegó a la Legislatura en 2007 de la mano de Juan Carlos Blumberg, integrando la boleta de Mauricio Macri. Hoy preside la comisión de Justicia, donde impulsa, entre otras cosas, el tratamiento de un proyecto para crear un registro de huellas genéticas en la Ciudad de Buenos Aires, que permitiría identificar a violadores y homicidas.
Pero Gerardo Ingaramo (44) no sólo hablará de eso en esta entrevista con NU. También responderá sobre la delicada relación que el Gobierno porteño mantiene con la Justicia local, opinará acerca de las perspectivas nacionales de Macri y de la polémica desatada por la posible candidatura presidencial de Francisco de Narváez, a la vez que acusará al Gobierno nacional de presionar a la Justicia para generar jueces adictos.
?Todos vimos la negativa de Aníbal Fernández de brindarle a un juez la fuerza pública para intervenir en el caso de la elección de un sindicato ?señala Ingaramo?. Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional ha cambiado el Consejo de la Magistratura y ha generado, al tener mayoría allí, un mecanismo de presión muy fuerte sobre la Justicia nacional y la Justicia federal. Y muchas veces utiliza esto como un arma para generar jueces adictos. Así, hemos visto que los jueces son proclives a satisfacer los intereses del Gobierno nacional. El caso más emblemático, y que nos toca muy de cerca a nosotros, es Oyarbide, quien cerró en tiempo récord, en diciembre de 2009, la causa de enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner", expresó el legislador.
?¿Pero el macrismo no comete errores similares cuando acomete contra los jueces que no son de su agrado?
?¿En qué sentido?
?Por ejemplo, hace dos años, al juez Roberto Gallardo, el entonces procurador general Pablo Tonelli le intentó vaciar de causas el juzgado mediante recusaciones masivas.
?Si uno contrata un abogado, éste tiene que articular todos los mecanismos dentro de la ley para defender los intereses de su cliente. Y el procurador tiene el rol institucional de ser el abogado del Gobierno de la Ciudad; entonces, como tal, puede recusar a un juez como estrategia procesal legal. Gallardo es un juez de un gran activismo judicial en contra de muchas medidas del Ejecutivo. Lo sufrieron también otros jefes de Gobierno.
?¿Y qué ocurre con la demanda por conflicto de poderes que el Gobierno porteño y la Legislatura promovieron contra él y los jueces Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Guillermo Scheibler y Guillermo Treacy, porque interpusieron medidas cautelares para frenar la cuestionada designación de Daniela Ugolini como miembro del Tribunal Superior?
?Estos jueces se atribuyeron facultades que le corresponden a otro poder: les dijeron a los diputados cómo tenían que votar en la Junta de Ética. Les interpusieron una medida cautelar para que no avanzaran en el proceso bajo pena de cobrarles 500 pesos de multa diaria. Como siguieron avanzando, los diputados terminaron denunciados penalmente ante la Justicia federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
?Porque no cumplieron con la medida cautelar.
?Claro, pero lo que los jueces ordenaban era una atribución que el Poder Judicial no tenía, porque fijate lo que dice el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad: ?Los señores diputados no pueden ser molestados ni arrestados por las opiniones y votos que emitan?. Entonces, no pueden amenazar a un diputado con una medida cautelar porque está cumpliendo su función. La máxima violación se consumó cuando la Justicia ordenó secuestrar los libros de la Junta de Ética. A ver, ¿qué caso se registra de que un juez haya cometido semejante atropello al Congreso nacional? Ninguno. Ni el juez más antikirchnerista habría osado parar la Ley de Medios de esta manera, porque no corresponde.
?¿Cómo deberían haber actuado estos jueces, según su opinión?
?Deberían haber esperado a que finalizara el proceso de designación y si alguno consideraba que durante éste hubo algún vicio, podría haber interpuesto una medida cautelar para suspender la asunción. Pero acá se interrumpió el proceso, estos jueces se inmiscuyeron en lo que no les correspondía. La demanda por conflicto de poderes se aprobó en la Legislatura por 41 votos, cuando en el macrismo sólo éramos 26. Fue en diciembre pasado, antes del recambio legislativo. Más de dos tercios del cuerpo lo percibió como un tema de agresión institucional de un poder hacia otro.
?¿Y qué me dice de algunas iniciativas del macrismo que fueron catalogadas por miembros de la Justicia como un intento de amordazar a los jueces, como por ejemplo, el proyecto para regular los amparos judiciales?
?Bueno, te doy un dato para que veas. Esa iniciativa, que trataba de establecer una notificación previa al Gobierno de la Ciudad es casi una copia textual del proyecto que está presentado por el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación. Si miramos es el mismo texto.
?¡Ah, entonces concuerda conmigo en que el macrismo y el kirchnerismo se parecen! Al Poder Ejecutivo le molesta que el Poder Judicial lo controle, tanto en la Nación como en la Ciudad.
?¡Pero hay diferencias en cuanto a la calidad institucional! Más allá de que obviamente hay ciertos roces entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que son parte del sistema, en la Ciudad, en estos años, no se avanzó en una modificación del Consejo de la Magistratura para tratar de generar jueces adictos. No decimos: ?Copemos el Consejo con macristas y desde ahí articulemos el mecanismo de pedidos de juicio político con nuestros consejeros para generar control. Esto no ha sucedido, al contrario de lo que sí sucedió en el Consejo de la Magistratura nacional, donde toda la oposición y los organismos de transparencia internacional denuncian que si se tiene este control tan férreo, más de un juez no va a gozar de la independencia de criterio que supuestamente su cargo le impone porque va a estar presionado, ya que si falla en contra del Gobierno nacional, mañana le meten un juicio político.
?Si incluimos al juez Juan Vicente Cataldo, que también acumula roces con el Gobierno porteño, el macrismo tuvo problemas con seis jueces de un fuero de quince. ¿No falló la muñeca política del oficialismo en esa relación?
?Yo creo que el Poder Judicial ha tomado un activismo muy importante. Pero hoy la relación que se está construyendo tiende a ser más madura. El ingreso de (Ramiro) Monner Sans como procurador general va a ser positivo. También creo que la relación que el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de Daniel Presti, mantiene con los jueces es de respeto mutuo. Esto no implica que los jueces, en pos de este activismo, te paralicen una obra pública, una licitación o algún nombramiento, como el de Ugolini, y generen un conflicto de poderes como el que se generó.
?¿El procurador anterior, Pablo Tonelli, tiene alguna responsabilidad en los conflictos?
?Más allá de personalizarlo, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires, claramente, muchos jueces se extralimitaron.
?¿Qué pasa con el nombramiento del nuevo procurador?
?La postulación de Monner Sans está avanzando en la Junta de Ética. Ya se realizó la audiencia pública y supongo que la estaremos votando en el recinto cerca de agosto.
?¿Y para el Tribunal Superior el PRO insistirá con Ugolini, pese a toda la polémica que se desató?
?Hasta ahora, nosotros sostenemos a Daniela Ugolini y no tenemos ningún plan B. Cuando Macri la propuso, consideró que su nombramiento era una señal indiscutida hacia el Poder Judicial de la Ciudad, porque ella es una emergente de allí. Era como decirle al Poder Judicial: ?Ante una elección, recurro a ustedes, no miro afuera de la Ciudad?.
?¿Cómo calificaría a la Justicia porteña, en cuanto a calidad institucional?
?Yo soy muy respetuoso del rol institucional de la Justicia y no quiero calificar. Más allá de los inconvenientes puntuales que uno pueda tener y que son parte de las reglas de juego, yo creo que a la Justicia porteña la tenemos que fortalecer entre todos. El desafío no es debilitarla y tener jueces adictos sino darle calidad institucional. Por eso, nosotros queremos una Justicia más grande. Por eso estamos por firmar con la Nación el tercer convenio de traspaso de competencias de delitos hacia la Justicia porteña. Por eso queremos empezar a estrechar lazos con la Corte para ver qué sectores que hoy prestan servicios a la Justicia nacional podemos nosotros tenerlos y que dependan de la Justicia de la Ciudad. Nuestro desafío es que no sólo la Justicia penal, sino toda la Justicia civil nacional de la Ciudad pase a la órbita de la Justicia porteña. Estoy hablando de más de cien juzgados. La Justicia laboral y la comercial también deberían ser traspasadas. Son fueros nacionales que se crearon cuando la Ciudad era una intendencia.
?¿Los traspasos vendrán con los fondos para hacerles frente?
?En este tercer convenio de traspaso de competencias de delitos, cuyo borrador está circulando, se prevé que venga con los fondos. Es algo que reivindicamos. En los dos primeros traspasos nunca vinieron los fondos.
Políticamente, suele considerarse a Ingaramo, dentro de PRO, como cercano a la línea de Gabriela Michetti, aunque él se distancia de las etiquetas y manifiesta que también mantiene una ?excelente relación? con Horacio Rodríguez Larreta. ?Con Gabriela ?revela? estamos trabajando en algunos temas de justicia, y el año pasado, durante la campaña, fuimos a visitar a (el presidente de la Corte Suprema, Ricardo) Lorenzetti. Él estaba muy interesado en trabajar con ella una agenda de justicia que tuviera como fin hacer más transparentes los procesos de selección en el Consejo de la Magistratura. A su vez, con Horacio trabajo en todas las reuniones de gestión que hay en materia de justicia y seguridad. Pero mi primer encuadre es con Mauricio.?
?Y como abogado, ¿usted cree que De Narváez debería ser habilitado para competir en las presidenciales?
?Yo creo que la Constitución es muy clara. Dice que para ser presidente tenés que ser ciudadano nativo o hijo de padres nativos de la Argentina. Ahí Francisco tiene un problema real, que obligaría a sus abogados a realizar un planteo judicial. Ellos podrían aducir que la modificación de la Constitución en el 94 incorporó al derecho constitucional local tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que le garantizarían a De Narváez el derecho a ser candidato a presidente. Uno puede opinar, pero en el derecho nunca hay una verdad determinada.
?Pero desde su punto de vista?
?Yo creo que ahí se requiere una actividad interpretativa de la Corte muy importante. Porque la Constitución es clara y, según un artículo, él no podría ser candidato a presidente. Pero no me animo a decir cómo interpretará finalmente la Corte. Sí sostengo que Francisco tiene todo el derecho del mundo a hacer la petición. Algunos dicen que él iría con una acción judicial después del Mundial.
?Si la Corte lo acepta como candidato, el problema lo va a tener Macri, porque De Narváez le puede dividir el electorado.
?De Narváez es un rival importante, pero creo que de cara a 2011 los liderazgos van a tener que ser generosos. Nosotros consideramos que el mejor candidato es Mauricio Macri. Y si Macri tiene predominio, se supone que todo el sector afín debería confluir con él y aceptar su liderazgo. Ahora, si todos se van a partir, esto va a ser funcional al kirchnerismo. Porque, en definitiva, pareciera que Kirchner especula con ganar dividiendo al electorado.
?Le cambio de tema, para finalizar. Hábleme acerca del proyecto oficial de registro de huellas genéticas, que se está discutiendo en su comisión.
?Es una herramienta pensada para la seguridad de las personas. Hoy la prueba de ADN es algo indispensable en cualquier investigación penal seria. En Ciudad tenemos recurrencia de delitos contra la integridad sexual y hemos sufrido hasta hace pocos meses violadores seriales que por algún motivo asolaron los barrios de Caballito, Recoleta y Núñez. Esto puede servir para identificar a los responsables de una violación, un homicidio u otro tipo de delitos.
?¿El registro se va a acotar a las personas con antecedentes penales?
?Nosotros aspiramos a tener un registro universal y no queremos estigmatizar a nadie. Creemos que su mayor eficacia va a estar dada con la posibilidad de que todos estemos incorporados a esta base de datos. Y que ésta garantice la confidencialidad. Hace tres semanas, en una reunión con constitucionalistas, se plantearon algunos reparos acerca de registrar muestras de ADN de bebés recién nacidos. Entendieron que debería pedirse el consentimiento a los padres. Pero la ventaja de nuestro proyecto es que está dividido en diferentes secciones, y eso, según dijo Félix Loñ, favorece el debate. Porque alguno puede no estar de acuerdo con el caso de los bebés, pero sí, por ejemplo, con registrar el ADN de los violadores. Aunque insisto, la propuesta de nuestro proyecto es la universalidad. Sabemos que nos metimos en un tema donde la complejidad normativa es singular. Pero estamos hablando de una herramienta muy importante de cara a las próximas décadas.
