Hace pocos días estalló un escándalo cuando en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), los jueces denunciaron que el Poder Ejecutivo se aprestaba a disminuir el presupuesto necesario para que la Justicia cumpla con su magno cometido.
Los medios opositores al Gobierno nacional lo replicaron intensamente e intencionadamente, sosteniendo que la Corte sufriría un recorte de casi el 40 por ciento. Falso: el presupuesto destinado a la Corte para el año entrante se incrementó un 18,88 por ciento en relación con el del año en curso, y la polémica no es a raíz de un recorte sino de una diferencia (no de un 40 por ciento sino de un 28,88) entre la cifra que solicitó la Corte y la que asignó el Ejecutivo para 2011.
Pero más allá de estos datos, quienes llenaron estas páginas seguramente ignoraban en qué gastan cotidianamente esos esquivos billetes los jueces que protestaban por el supuesto recorte. Veamos algunos ejemplos.
Gastos que vuelan en avión
El 3 y 4 de septiembre de 2009 se realizó la Conferencia de las Cortes Supremas de las Américas, en el que más de 30 jueces del continente americano informaron sobre el estado de los poderes judiciales de sus países con respecto a cinco ejes temáticos relacionados con el Estado de derecho: Independencia Judicial, Organización y Gestión del Poder Judicial, Ética Judicial, Debido Proceso y Tribunales Internacionales y Cortes de las Américas.
Para que esta conferencia fuera posible, la Corte Suprema de Justicia argentina debió autorizar algunos gastos. El 25 de agosto de 2009, los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt y Ricardo Lorenzetti resolvieron declarar de interés los encuentros superpuestos de jueces, por medio de la Acordada Nº 33/09.
En el marco de la VII Reunión de Cortes Supremas del Mercosur y de la Conferencia de las Cortes Supremas de las Américas, la CSJN autorizó el pago de 207.649,79 pesos para la contratación de 12 habitaciones singles en el Hotel Hilton Buenos Aires, sede del evento. Con esta suma se cubrió también la utilización del salón Buenos Aires, en el que sus señorías desarrollaron sus reuniones.
Pero, un poco más tarde, el propio Lorenzetti debió autorizar a la misma Dirección de Gestión Interna y Habilitación, en función de la declaración de interés dispuesta por la Acordada Nº 33, una nueva partida, esta vez por un total de 54.233,60 pesos.
Finalmente, surgió un problema aéreo. Los jueces y
funcionarios norteamericanos debían viajar a la lejana y exótica Argentina y para ello fue necesario destinar una nueva suma de dinero. En esta ocasión, el vuelo de los magistrados significó una erogación de 86.000 pesos. El mecanismo fue el habitual: una autorización para que la Dirección de Administración de la CSJN ?a través de un partida especial? abone esa suma a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación, con el objeto de adquirir los mencionados pasajes. Esta autorización exigió una previa resolución, que fue emitida el 21 de julio de 2009.
En el marco del mismo Congreso, las raídas alfombras del Palacio de Justicia debieron ser reemplazadas para que el país estuviera a la altura de las circunstancias. Para eso, la CSJN dispuso abonar 61.583 pesos para que en el palacio de la dama de los ojos vendados no estuviera ausente la elegancia. La suma de todas las cifras mencionadas: 409.466,20 pesos. Una bicoca.
Alta gama
Pero la VII Reunión de Cortes Supremas del Mercosur y Conferencia de las Cortes Supremas de las Américas pasó y las cosas siguieron su curso.
Esta vez, los que debían viajar ?no al exterior, se entiende, sino por la Ciudad y sus alrededores? eran los propios miembros de la CSJN, y para ello, qué mejor que adquirir algunos vehículos para tal fin. Fue así que el alto tribunal decidió procurar cuatro automóviles para que fueran utilizados por las vocalías.
El modelo seleccionado fue el Volkswagen Vento 2.5 Luxury, con transmisión automática Tiptronic. Para ello fue convocada la Licitación Privada Nº 158/2009, que resultó favorable a la firma Guillermo Dietrich SA, que pertenece a la familia del actual director general de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.
En la licitación se exigió que los automóviles debían ser de alta gama, tipo sedán, cuatro puertas, con motores a nafta. Además, cada auto ?cuyo color debía girar en la gama de los grises o azules? debió contar con aire acondicionado con climatizador automático, asientos tapizados en cuero, sistemas levantavidrios eléctricos en cada una de sus puertas, cristales antivandalismo y sistema de manos libres para telefonía, entre otras características.
La CSJN debió abonar un total de 503.702,64 pesos por los cuatro automóviles. Éstos, finalmente, fueron entregados a destiempo por la firma adjudicataria, que fue multada por esa razón con un descuento del 1 por ciento del contrato, lo que significó un ahorrito de 5.037,03 pesos.
Contagio
En los primeros días del mes en curso, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió seguir el ejemplo y adquirió también un vehículo de alta gama. Para ello invitó a las concesionarias de la marca Volkswagen Salvador Pestelli SA; Tito González SA y Guillermo Dietrich SA a que cotizaran precios por el modelo Volkswagen Vento Advance FSI 2.5.
La contratación fue directa y los ministros María Conde, Alicia Ruiz y José Casás dispusieron la adquisición del rodado tras aceptar la propuesta presentada por la concesionaria Dietrich SA ?la misma que se adjudicó la licitación convocada por la CSJN?, que propuso un precio de 106.102 pesos, incluyendo en el total gastos de flete, alistamiento y emisión de formularios de inscripción.
Tanto los magistrados como los funcionarios del Gobierno y los legisladores de todo tipo ?es decir, los integrantes de los tres poderes que conforman el sistema republicano? son los representantes del pueblo, que es el destinatario de sus acciones. Estas acciones exigen, eso sí, una extrema responsabilidad, que será de desear que sus señorías jamás olviden. Y que tampoco dejen de exigir que la majestad de la Justicia no sea vulnerada. Ni permitir que el presupuesto no alcance para que ésta siga estando vigente.
