De prosperar un despacho de la Comisión de Legislación General y del Trabajo de la Legislatura porteña, Metrovías deberá reducir la jornada de trabajo de sus empleados de ocho horas a seis, por razones de insalubridad laboral. La comisión parlamentaria incluyó en este despacho, que será tratado mañana en el recinto, las iniciativas de más de diez diputados que, en su mayoría, se enteraron de las condiciones laborales de los trabajadores de Metrovías, a partir de una campaña pública de los delegados de la Unión Tranviaria Automotor (UTA).
Pese a que el despacho de mayoría está sustentado en la Ley Nacional de Contrato de Trabajo y en convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -en los que se exige que las situaciones que afecten la salud de los trabajadores se revean- los legisladores porteños Marcelo Vensentini (Frente Grande) y Daniel Bravo (Unión Cívica Radical) lo observaron.
Los diputados argumentan que la iniciativa parlamentaria no se sustenta en ningún estudio técnico -tal como exige el reglamento interno de este cuerpo- y que en su criterio, y de acuerdo al proyecto que promovieron, debe conformarse una Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Salubridad, integrada por los representantes sindicales y de las empresas, para discutir las condiciones laborales.
Además afirman que existe un canon que paga Metrovías al Estado, el cual está compuesto por la diferencia entre los 0,70 centavos que vale el boleto y los 0, 58 que ingresan a la empresa, que debería destinarse a la realización de obras, que, por ejemplo, mejoren las condiciones laborales.
En tanto, los diputados Bravo y Vensentini sostienen, en los fundamentos de su observación, que existe una resolución suscripta en 1998 por el entonces ministro de Economía de la Nación, Roque Fernández, que autoriza a la empresa a aumentar las tarifas cada vez que una disposición estatal afecte, en más de un 6 por ciento, los costos de Metrovías.
Por otra parte, la empresa concesionaria del servicio de los subterráneos porteños, argumenta que, de aprobarse la ley, deberá despedir a 300 mujeres, ya que la normativa nacional establece que las mismas no pueden trabajar bajo condiciones de insalubridad.
