Si la votación fuera esta tarde y todos los diputados estuvieran sentados en sus bancas, la Alianza y sus aliados -el interbloque que lidera Enrique Rodríguez, autor del proyecto-, sumarían 24 votos contra 26 de los opositores justicialistas, de la izquierda, el radical disidente Jorge Enríquez y el bloque Bases y Puntos de Partida. Se abstienen hasta el momento el ARI y casi seguramente el Interbloque porteño.
Jorge Mercado dijo que "nosotros hasta el momento pensamos en votar negativamente, aunque de aquí hasta el jueves, podemos decidir abstenernos directamente. Nosotros no estamos de acuerdo en este momento con darle el sí a Ibarra para que prorrogue la emergencia, porque la situación ha cambiado, pasó de la emergencia a la urgencia". Como dato conexo, el legislador Ricardo Busacca no firmó ninguno de los dos despachos, ni tampoco presentó otro en minoría.
Mientras tanto, en el campamento del ARI aducían que "ya se le dio el tiempo necesario a Ibarra y no hizo nada". De cualquier modo -al igual que el Interbloque Porteño- no descartaban la abstención como un modo de colaborar sin comprometerse.
Por su parte, Marta Oyhanarte, presidenta de Bases y Puntos de Partida, manifestó que "nos opondremos a la ley de emergencia económica y social, porque entendemos que el capítulo de la emergencia económica es prácticamente igual al de la Ley 744, que fue mal utilizada por el gobierno, que no renegoció los contratos con los proveedores del Estado ni rindió tampoco los gastos del primer semestre del año".
El despacho de mayoría establece que el estado de crisis política, económica y social en el que está sumido el país reclama la adopción de medidas que se dirijan a la búsqueda de soluciones concretas, que permitan a la Ciudad continuar prestando los servicios esenciales a la personas, así como generar, los mecanismos que optimicen el gasto social para paliar los aspectos más urgentes de la crisis.
También plantea que cualquier cálculo de recursos públicos es hoy errático y de difícil mensura, por lo cual resulta imprescindible dotar a la Administración de una herramienta mas de gestión para enfrentar la crisis, que reconoce como fuentes y antecedentes a las normas de emergencia que la Legislatura sancionó en las Leyes 744 y 752.
Considera que la creación de un Fondo Solidario para la Emergencia Social (FSES) prevista en el proyecto de Enrique Rodríguez, tiene como objetivo fundamental, la concentración de recursos que se encuentran diseminados en un gran número de programas destinados a la pobreza, desempleo y exclusión social. Y que un elemento especial del FSES será el 30% de las sumas que mensualmente superen la recaudación media mensual acumulada prevista en el presupuesto aprobado para el año 2001.
La concentración de todos los recursos disponibles para la atención de programas sociales en una sola fuente, permitirá en primer lugar, potenciar los esfuerzos para atender las necesidades crecientes de una población empobrecida cada vez más numerosa. Además sostiene que la creación de un Registro Único de Beneficiarios de Programas de Empleo, Subsidios y Programas Sociales que permitirá la planificación del gasto social, mediante el conocimiento del universo de beneficiarios.
Por su parte, el proyecto de minoría avalado por los diputados justicialistas Santiago De Estrada y Eduardo Valdés, establece que de ninguna manera debe aprobarse el proyecto presentado por Enrique Rodríguez, y que, por el contrario, el Poder Ejecutivo porteño debe cumplir estrictamente la disposición contenida en el artículo 105, inciso 9, de la Constitución de la Ciudad.
En el despacho se sostiene que el lapso transcurrido desde que se aprobó la Emergencia, demuestra que el Poder Ejecutivo realizó una aplicación muy parcial de la ley. La renegociación de contratos que se encomendara sólo se concretó en un caso de poco monto, habiendo tratativas pendientes en relación a otros, con previsión incierta en cuanto a sus resultados.
También se menciona que la comisión de Seguimiento de la Emergencia encontró serias dificultades para obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de su cometido. Otra de la cosas que se indican en la propuesta justicialista es que sin que se hubiera considerado el proyecto de ley de prórroga remitido por el Poder Ejecutivo ni tratado el decreto de necesidad y urgencia, se somete a consideración de esta Comisión un nuevo proyecto llamado de "emergencia social y económica", que reproduce casi textualmente del proyecto de Ibarra y agrega un capítulo destinado a la emergencia social.
Con respecto al FSES, afirman que se trata de algo irrealizable. La recaudación obtenida en el año 2002, en relación a la que se produjo en el ejercicio 2001, ha sufrido hasta el 30 de junio pasado una caída superior al 18%; y todo hace prever qye en el resto del ejercicio seguirá produciéndose una pérdida de un porcentaje algo menor, pero de ningún modo existirá un incremento.
Por lo que se estaría anunciando a los ciudadanos la creación de un Fondo Solidario, con la difusión exagerada que realiza el Gobierno de la Ciudad en estos casos, que en la práctica sería inexistente.
También se cuestionan los artículos destinados a la Emergencia Social, ya que para ellos son igualmente virtuales. Por ejemplo, la creación de un Registro que ya existe, y no funciona de modo actualizado, aparición de un ente burocrático más (Unidad Coordinadora), que sin duda tendrá nuevos empleados contratados, y un proyecto futuro de unificación de todos los programas sociales, que "estamos seguros que jamás se concretará" afirman.
Por último se plantea la disconformidad con el capítulo III de la Ley que impulsa el Poder Ejecutivo. Según el despacho, las disposiciones que ahí se establecen permitirían al jefe de Gobierno continuar realizando el manejo arbitrario e ineficiente que ha desarrollado hasta ahora. Invocando esta ley, Ibarra intentará eludir -por segundo año consecutivo- la obligación constitucional de enviar el proyecto de presupuesto a la Legislatura, y demás artilugios que contradicen el espíritu de la Constitución.
