Buenos Aires y la Nación no se ponen de acuerdo sobre la seguridad en el deporte

Buenos Aires y la Nación no se ponen de acuerdo sobre la seguridad en el deporte

Sigue generando polémicas el proyecto del Poder Ejecutivo nacional sobre seguridad en los espectáculos deportivos que se apresta a votar el Senado de la nación. Los funcionarios cercanos a Ibarra lo cuestionan porque avasalla la autonomía porteña, en tanto que los opositores le cuestionan que haya dejado de lado el Consejo ad-hoc que se formó en el año 2000. Scioli, por su parte, dijo que la discusión sobre la autonomía es sólo una excusa


Un proyecto sobre la seguridad en los espectáculos deportivos que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, representado por los secretarios de Seguridad Interior, Juan José Álvarez y de Turismo y Deporte, Daniel Scioli, encendió una polémica que se inició hace unos días y que no cesa de sumar adeptos.

La propuesta, que ya tiene despacho favorable de las comisiones de Deportes, de Seguridad Interior y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios del Senado de la Nación, será votado próximamente, en una fecha aún no precisada.

Los artículos que movilizaron la controversia son los que están referidos a la autoridad de aplicación de la ley y a sus funciones. Para empezar, la norma autoriza a clausurar estadios a las autoridades nacionales, sin la intervención de las autoridades locales.

Además, la ley será de aplicación obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que en el resto del país las provincias pueden optar por no adherir a ella. Se supone además que las provincias que se sumen, lo harán designando ellas mismas a la autoridad de aplicación, que es una oportunidad de la que carece la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el último punto de fricción es la creación de un Comité de Seguridad en el Deporte, que -presidido por el secretario de Seguridad Interior de la Nación- estará formado por un representante de la Policía Federal, un representante de la Secretaría de Turismo y Deporte, un representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro representante de la Secretaría de Seguridad Interior. En este ámbito, las opiniones del representante porteño quedarían en franca minoría frente de los tres representantes de la Nación y al de la Policía Federal, que es también un representante de la Nación.

El diputado radical Jorge Enríquez, un crítico habitual del jefe de Gobierno porteño, manifestó que "si bien es cierto que el proyecto cuestionado avasalla la autonomía de la Ciudad, la actitud de Ibarra refleja solamente un accionar pos-mediático y dirigido a opinar sólo para los medios de comunicación”.

Enríquez cuestionó además que “en julio de 2000, por Decreto 1012, se creó en el ámbito local el Consejo de Seguridad y Prevención de la Violencia en el Fútbol, que funcionó como un foro de discusión de gran aceptación por todas las partes involucradas en esta problemática, y que sin embargo fue inexplicablemente disuelto por el actual Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que hoy se rasga las vestiduras por el proyecto de la Nación”.

Por su parte, el diputado por el Frente Grande, Roque Bellomo, se quejó de que "Scioli desde su lugar puede proponer todas las leyes que considere necesarias, pero no debe ni puede violar caprichosamente los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y de la Ciudad".

Bellomo planteó también que "el Código de Convivencia contiene las sanciones respectivas para quienes incurran en contravenciones, sanciones aún más duras que las contenidas en la llamada ley De la Rúa para espectáculos deportivos, teniendo en cuenta que el citado Código no tiene competencias sobre los delitos. Por otra parte el Código de Habilitaciones y Verificaciones contiene las normas en lo que hace a la habilitación de los estadios que se encuentran bajo su jurisdicción".

A todos ellos, Scioli les contestó que "la autonomía resulta, desde hace años, el argumento más cómodo para oponerse a las soluciones que pide la gente. No se puede ignorar que la legislación penal es un atributo del Congreso de la Nación. Es lamentable que existan diferencias con la elevación de las condenas a los violentos, con el castigo a quienes los inciten y al establecimiento del derecho de admisión. Estas medidas han resultado de una gran eficacia en los países europeos en los que ha sido aplicada."

Por su parte, los dos únicos senadores porteños -el tercer senador depende de una sentencia judicial para asumir- Vilma Ibarra y Rodolfo Terragno, manifestaron en una misiva su oposición al proyecto. En medio de un tráfico tan intenso de opiniones y de parafernalia política, sus voces se perdieron en el espacio sideral sin casi haber sido escuchadas.

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