De confirmarse una situación sobre la que, por ahora, el Ejecutivo de la Ciudad mantiene un silencio de radio, la empresa Telefónica le adeudaría a la Ciudad una cifra millonaria en concepto de tasa de publicidad. Ésta sería producto de la publicidad colocada en las cabinas públicas que posee la empresa en numerosos espacios públicos de la ciudad y que, además, estaría violentando la Ordenanza Nº 33.266 -que no incluye esta modalidad entre las excepciones- y el Capítulo IV del Código de Habilitaciones y Verificaciones, que normatiza la publicidad en la vía pública.
Miles de cabinas de dicha empresa estarían contaminando ilegalmente la visual del ámbito urbano, algo que el derecho comparado define como "el fenómeno mediante el cual se ocasionan impactos negativos en la percepción visual por la distorsión o cualquier forma de alteración del entorno natural, histórico y urbano de la ciudad que deteriore la calidad de vida de las personas".
La ciudad está saturada por publicidad de fuerte impacto visual -muchas de ellas ilegales- pero hasta ahora el Gobierno de la Ciudad no ha podido ponerle coto al asunto hasta llegar a una situación de descontrol por proliferación, que desvela a Aníbal Ibarra y no puede controlar Silvana Giúdici. Tampoco se ha logrado en la Legislatura sancionar la regulación de la actividad -el código de publicidad- que hace casi dos años espera ver la luz.
Fuertes lobbies nacionales y extranjeros, como el de la empresa francesa Decaux, intentaron sin éxito que se realice la licitación de mobiliario urbano, que pretende ordenar el uso del espacio público porteño. A pesar de que los pliegos ya se redactaron media docena de veces, no parece existir en el Gobierno la voluntad de llevarla a cabo por el momento y ya desapareció del horizonte licitatorio.
El legislador peronista Guillermo Oliveri presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que solicita que éste aclare la situación planteada con la publicidad de las cabinas de Telefónica, las cuales fueron comprobadas con testimonios fotográficos que el legislador adjuntó en el pedido. Incluso en una foto se percibe un 0-800 que reza "Publicite Aquí".
Oliveri también requierió los comprobantes del pago de la tasa correspondiente y las copias de las actas de infracciones labradas, si las hubiera. El pedido fue aprobado en el recinto pero hasta hoy -dos meses y medio después-, la empresa como el Ejecutivo se mantuvieron en silencio sin brindar explicaciones sobre esta supuesta irregularidad que defraudarría al fisco porteño en varios millones de pesos. Los funcionarios de la secretaría de Gobierno y Control Comunal deberían explicar por qué sucede esto. Los representantes del pueblo se lo reclamaron y siguen esperando.
