Mauricio Macri tiene parados millones y millones de pesos en la Legislatura, casi todos destinados a la realización de obra pública. Las razones son múltiples. Pero hay una fundamental, parafraseando a Bill Clinton: "Es la política, estúpido". Para que el licuado tome este color contribuye tanto la situación política de la oposición como la del propio macrismo. Así, muchas normas no ven la luz porque dentro del oficialismo no se consiguen los votos, por intereses nada ajenos a la Legislatura pero mucho menos al Ejecutivo.
Hay cinco iniciativas en la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyo titular es peronista Alvaro González, y que desvelan al jefe de Gobierno, ya que de su aprobación (por esa comisión) depende la puesta en marcha de la obra pública comprometida. Esos proyectos son el bono de 1600 millones de pesos para hacer (y mejorar) ciertas piezas de infraestructura social, el bono de Consolidación de la Deuda Pendientes por 800 millones; los 150 millones para equipamiento hospitalario; una norma para redeterminar los precios de la obra pública; y un proyecto para regular la inversión privada. De los proyectos están en estudio solamente dos: el bono de 800 millones y el de 1600. Sobre este último, González adelantó a Noticias Urbanas que en quince días, la comisión tendría que emitir dictamen. Sin embargo, no parece tarea fácil: el gobierno está pidiendo a los diputados que no fijen la tasa para poder endeudarse, porque de esa manera estarían restringiendo la capacidad de maniobra y negociación frente al posible prestamista. Pero como resultó imposible convencer a la oposición, es que finalmente la redacción de la norma pondría un tope para aceptar la tasa, que sería algo así como de un 14 por ciento. En cuanto al de 800 millones, la oposición al Pro debate por estas horas el dilema que presenta la realidad pura y dura: que esa deuda fue contraída durante administraciones anteriores a la de Macri. Es una deuda que atraviesa las administraciones de Fernando de la Rúa, Enrique Olivera, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Los diputados también dudan del monto de esa deuda. Y sospechan que el oficialismo achaca a sus antecesores por haberla contraído, para tapar que estarían reconociendo deudas de los tiempos del menemista Jorge "Topadora" Domínguez.
Ese proyecto, en la Legislatura, fue bautizado como bono feo, "porque si te oponés o lo aprobás, quedás mal igual", murmura un diputado a los oídos de NU. Desde hace unos días, en los pasillos de la Legislatura, circula un informe sobre el estado de situación de la inversión pública en la Ciudad durante el segundo semestre de 2007 y el primero de 2008. Se asegura en ese paper que durante el segundo semestre de 2007 se registró una reducción de la inversión en obras públicas, y que es una de las razones de la demora en la ejecución presupuestaria. Las causas habrían sido el deterioro de la ecuación económico-financiera de los contratos por falta de pago en el año 2007 y el aumento de la inflación. La falta de audiencias públicas, la oposición de los vecinos y la presentación de amparos ante la justicia. También se menciona problemas referidos a una reingeniería insuficiente y un atraso en la adjudicación/contratación de las obras licitadas durante ese mismo año. "Como consecuencia de todo esto se produjo una importante reducción/paralización en el ritmo de ejecución de las obras en curso y en la incorporación de obra nueva", explicó el macrista y presidente de la comisión de Obras Públicas de la Legislatura, Cristian Ritondo, ante una consulta de este medio. El diputado precisó que las "causas" del deterioro de la ecuación económico-financiera de los contratos se produjo porque "hubo una aceleración de la inflación, un mecanismo de redeterminación de precios inadecuado, una falta de representatividad del índice de precios, una demora en los plazos de gestión de las redeterminaciones de precios y un atraso en los pagos de los certificados de obras".
Sobre la incidencia de la inflación, Ritondo subrayó que "el mecanismo de actualización de precios vigentes generó un desfasaje entre los precios reconocidos contractualmente y los costos asociados". ¡Si Alberto Fernández lo escuchara! El dato clave del informe acaso sea el que destaca que "varios proyectos hidráulicos fueron licitados y adjudicados sin medir suficientemente las consecuencias, lo que motivó la necesidad de reducir y/o paralizar el ritmo de ejecución de los trabajos y postergar el inicio de las obras nuevas".
¿Ejemplos?: la paralización de las obras pluviales, la desembocadura del arroyo Vega y los canales aliviadores del arroyo Erezcano. En el segundo semestre de 2007 se registró una reducción en llamados a licitación, adjudicaciones y contrataciones. Durante ese período, puede leerse, sólo hubo 4 llamados a licitación: el Pasaje Janer, Recoleta, Lavalle peatonal y El Atlético; una adjudicación: la de los canales aliviadores de la cuenca del arroyo Erezcano; y 4 contrataciones: los cruces bajo nivel Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde; la Red Pluvial y los canales aliviadores de la cuenca del Erezcano. El escenario indica que de 24 contratos que deberían haber estado en ejecución a diciembre de 2007, sólo 10 registran alguna actividad, uno está paralizado, 3 no habrían sido licitados y los 13 restantes presentaban problemas para ser iniciados, adjudicados y/o licitados. El informe agrega que durante el primer semestre de 2008 hubo 12 llamados a licitación por 24 millones de pesos; 7 llamados a licitación de Sbase por 346 millones de pesos; 6 preadjudicaciones; 4 inicios de obras y 9 audiencias públicas convocadas. Acaso esté fallando el embrague.
(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 139, DEL 05/06/08)
