El Plan Urbano Ambiental (PUA), la futura ley marco sobre la que se sustentará el desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires en los próximos años, genera polémicas antes de su aprobación. En el día de ayer, Antonio Elio Brailovsky, defensor adjunto porteño, Carlos March y Marta Dodero, de Poder Ciudadano, y Javier María García Elorrio, de la Fundación Ciudad, iniciaron acciones judiciales para intentar detener el tratamiento de la ley.
Las medidas cautelares, patrocinadas todas por el Dr. Diego Kravets fueron radicadas en los juzgados 1, 4 y 9 del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. En ellas, se cuestiona que el Documento Final del Plan Urbano Ambiental, que fue girado a la Legislatura por el Gobierno porteño para su aprobación, haya sido confeccionado "sin intervención de la Comisión Asesora Permanente Honoraria ". Esta comisión es el órgano que representa a los vecinos en la elaboración de Plan y su participación se prevé por ley.
"García Espil y la gente de Planeamiento Urbano hacen siempre las cosas como ellos quieren. Es hora de que la Justicia les ponga un límite" – se despachó García Elorrio, quien también denunció un boicot de parte del Gobierno porteño hacia la Comisión. "El Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y la Secretaría de Planeamiento Urbano nos torpedearon sistemáticamente. La Comisión prácticamente no fue tenida en cuenta: elaboramos propuestas que no fueron consideradas, nos retacearon la información y ahora terminamos enterándonos de todo cuando las cosas ya están cocinadas". "Además, – se quejó – el presupuesto aprobado preveía plata para el funcionamiento de la Comisión que, si bien es honoraria, necesita financiar ciertos gastos. No llegó ninguna partida, ni para fotocopias. Eso de por sí demuestra la forma en la que se nos saboteó".
Consultado al respecto, Manuel Ludueña, integrante del COPUA, le respondió a García Elorrio: "La Comisión Asesora quiere abarcar funciones que le corresponden al Consejo y cree que puede definir de por sí lo que el Plan Urbano Ambiental debe adoptar o no". Según el funcionario, desde el Consejo se le envió a la Comisión toda la documentación necesaria durante las tres etapas de elaboración del Plan: la de diagnóstico (etapa de recopilación de datos y análisis), la de conformación del modelo territorial (etapa propositiva) y el informe final (elaboración del proyecto que debe votar la Legislatura).
"Durante el diagnóstico – subrayó Ludueña – les dimos a las aproximadamente doscientas organizaciones que conforman el organismo asesor, no solamente el documento terminado para que lo evalúen en la audiencia pública que luego se realizó sino también los antecedentes, algo inédito en este tipo de procesos". "También – agregó – las organizaciones participaron de tres reuniones durante la elaboración del modelo territorial y, algo para destacar, sumamos a dos de sus representantes a los plenarios del Consejo, en los cuales se delineaba el Plan".
Ludueña, además, afirmó que el gobierno porteño creó consejos consultivos que funcionaron en los Centros de Gestión y Participación para que los vecinos con proyectos y planteos no necesariamente globales, sino referidos a sectores determinados de la Ciudad, pudieran expresar sus propuestas.
García Elorrio no está de acuerdo con los dichos de Ludueña. "Sí, es cierto que nos dieron elementos, pero los mínimos. Que nos hayan proporcionado algunos documentos no significa que nos hayan dado la debida información, y que haya habido una cierta participación no significa que haya sido la que correspondía".
El representante de la Fundación Ciudad relacionó este hecho con otros también vinculados al planeamiento urbano. "Siempre la participación verdadera es impedida por este gobierno. En los últimos tres años hubo 21 mil permisos de construcción. Ninguna obra fue calificada como de alto impacto ambiental. ¿Por qué? Porque así se evitan la audiencia pública que debe hacerse cuando una edificación tiene esa valoración. Este caso de ahora es uno más de la típica política de García Espil. Él y su gente son depredadores urbanos" – concluyó, lapidario.
La polémica está instalada y son los jueces los que tendrán la última palabra.
