Los diputados nacionales porteños buscarán avanzar este miércoles en la definición de un dictamen de la Comisión de Seguridad Interior, que elimine las restricciones que actualmente tiene la Ciudad para tener policía propia.
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Ritondo, que ingresó al Congreso por el PJ porteño, explicó que la intención es emitir un dictamen favorable al proyecto impulsado por la mayoría de los diputados capitalinos, que deroga el artículo 7 de la denominada "Ley Cafiero".
Es que los veinte diputados nacionales por Capital, a pesar de sus diferencias partidarias, se unieron para presentar proyectos relativos al traspaso de la Policía y la Justicia oridinaria al ámbito de la Ciudad.
Con ese objetivo se reunirán este mediodía en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja los diputados de la Comisión de Seguridad Interior.
Si bien los legisladores mantienen fuertes discrepancias sobre si el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se hará o no con las respectivas partidas presupuestarias, los impulsores del proyecto prefieren avanzar en el dictamen y dejar en manos de la Comisión de Presupuesto una definición en torno a los recursos.
De hecho, la veintena de legisladores que promovieron esta ley -entre los que se destacan la ibarrista Silvana Giudici y el peronista Cristian Ritondo- prefieren que la forma de financiamiento de la fuerza se defina mediante un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad.
Esta propuesta también será motivo de análisis en la Comisión de Seguridad Interior -que conduce el radical Fernando Montoya-, que hace más de 20 días abrió la primera discusión sobre esta iniciativa y derivó en un fuerte debate entre legisladores capitalinos y bonaerenses.
En esa ocasión, los bonaerenses Jorge Villaverde, Jorge Casanovas y Oscar Rodríguez manifestaron sus reparos en torno a la intención de sancionar este proyecto porque cuestionan el hecho de que la Nación solvente con recursos el traspaso de un sector de la policía.
En este marco, Giudici afirmó que esta polémica "no debería inmiscuirse en el análisis del proyecto", y sugirió que esa discusión debe dejarse en manos de las autoridades de la Nación y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes firmarán sus respectivos acuerdos.
