La Asociación por los Derechos Civiles repudió el protocolo reglamentado por el Gobierno de la Ciudad para realizar la práctica de aborto no punible. Mediante un comunicado, la ONG manifestó "la necesidad de que se acaten los fallos de la Corte Suprema".
En particular, preocupa a la ADC que el protocolo exija, para los casos de violación, que el aborto se realice dentro de las 12 semanas de gestación. "En el sistema jurídico argentino no hay exigencias regulatorias que justifiquen la imposición de límites gestacionales. De hecho, desde un punto de vista regulatorio, ante la presencia de las causales de permisión (es decir, peligro para salud/vida de la mujer o violación) y la solicitud de la mujer, debe interrumpirse el embarazo en cualquier momento de la gestación. Esto no quita que el Estado deba procurar, a través de políticas públicas, que las mujeres acudan al sistema de salud lo antes posible, de modo de reducir los potenciales riesgos de los abortos en el segundo trimestre", manifestaron.
Y agregaron: "Es decir que se restringe el derecho al acceso al aborto no punible, fundado en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, a través de un requisito arbitrario estipulado en una resolución ministerial".
"Además, resulta problemático que no se reconozca el consentimiento informado de las niñas y adolescentes menores de 18 años, y, en cambio, se exija que los padres lo otorguen. Este requisito vulnera la Convención de Derechos del Niño y la ley nacional 26.061 que recepta los principios de la Convención, en cuanto estipulan que las niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que debe tenerse en consideración sus capacidades evolutivas según su propio grado de desarrollo, y que el ?interés superior del niño? es el principio rector dirimente para todo lo que las involucre. Este requisito también aleja a las niñas y adolescentes de los servicios de salud y las expone a abortos inseguros", ratifica el comunicado.
Para concluir: "La ADC recuerda a las autoridades porteñas que el aborto no punible es un derecho de las mujeres ?fundado en el derecho a la dignidad, autonomía, salud, integridad y vida? que debe proveerse de forma adecuada y sin dilaciones. El protocolo recientemente sancionado implica una barrera de acceso a la práctica, que coloca a la normativa porteña entre las más restrictivas del país, con Salta y Entre Ríos".
