La legislación nacional vigente establece que pagarán boleto escolar todos los alumnos que cursen el ciclo que la normativa local establece como obligatorio. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires ya se implementó este derecho para los estudiantes hasta el noveno año de la Educación General Básica (EGB), los alumnos porteños todavía esperan que la Secretaría de Educación de la Ciudad llegue a un acuerdo con la Secretaría de Transportes de la Nación.
Debido a que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece diez años de educación obligatoria, a los porteños actualmente les correspondería el boleto escolar hasta el segundo año del secundario. Pero la recientemente aprobada ley de obligatoriedad de la educación media, llevaría este derecho hasta el quinto año.
Sin embargo, las presiones de las empresas de transporte son muchas y las amenazas a los jóvenes en un primer momento fueron muy duras. Por lo que existen serias dudas de que las negociaciones prosperen. Entretanto, los alumnos se reúnen en los centros de estudiantes para aumentar la participación en las movilizaciones.
La opción que eligió el diputado porteño Miguel Doy (Forja 2001) fue ofrecerles a las empresas de colectivos que implementen el boleto escolar, una exención del 33 por ciento en la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos. La iniciativa parlamentaria, que tiene formato de proyecto de ley, alcanza "a todos los alumnos que acrediten su regularidad en los establecimientos de enseñanza pública o privada de nivel inicial, primario y medio, que estén ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
La propuesta de Doy establece que las empresas beneficiadas deberán equiparar el valor del boleto estudiantil del nivel secundario al del nivel primario. Es decir, tendrán que reducir el precio del boleto para los estudiantes de nivel medio, de 35 centavos a cinco centavos.
"Este proyecto pretende incentivar, por un lado, a bajar los índices de deserción escolar producidos por el impacto económico de la inflación de los precios sobre la canasta familiar y por otro lado, subsidiar con una baja en la carga impositiva que recae sobre los prestadores del servicio de transporte público automotor de pasajeros, que actualmente se ven perjudicados por el contexto macroeconómico que atraviesa el país", concluyó el legislador de Forja 2001.
