En una decisión del 24 de octubre último, que lleva la firma de cuatro de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior porteño le corrió traslado de la demanda al jefe de Gobierno, y citó a juicio al presidente del Consejo de la Magistratura, Juan Octavio Gauna para que justifique la constitucionalidad de la Resolución 185/01. Por medio de ella el Consejo reglamentó el artículo segundo de la Ley 591, que creó el sistema de los Controladores, en sustitución de la Justicia de Faltas.
El artículo segundo de la Ley 591 dispuso que "Los jueces contravencionales en comisión atienden el juzgamiento de los expedientes de faltas que no admiten demora. El Consejo de la Magistratura reglamentará el procedimiento de selección
de tales casos".
En su reglamentación el Consejo obliga a los infractores a "acreditar sumariamente que la suspensión transitoria de los procedimientos les produce gravamen de imposible reparación ulterior", correspondiendo a los jueces contravencionales expedirse sobre ello, pero si el infractor no aceptara ésto, o le fuera rechazado, sólo podrá apelar previo pago de 200 pesos, y recién después de acreditar el pago, le será posible apelar.
Entendiendo que estas exigencias son contrarias al acceso a la justicia y demás garantías del debido proceso, el abogado de Express Rent a Car invocó en su presentación a ambas constituciones (la Nacional y la de la Ciudad) y también al Pacto de San José de Costa Rica.
Los abogados, jueces y magistrados tienen la palabra ahora, en un procedimiento de audiencia pública que seguramente habrá de ventilarse el próximo año.
