La Cámara Argentina de Agencias de Remises cuestionó severamente al secretario de Justicia y Seguridad, Facundo Suárez Lastra en una carta fechada el 21 de noviembre pasado, en la que los remiseros le manifestaron que -luego de reunirse con él- "nos quedó la sensación de la incertidumbre y la inconcreción una vez más". Exigen que se obligue a todos los remiseros el cumplimiento de las normas, ya que hay más agencias de remises funcionando sin habilitación que agencias habilitadas.
"Es por esto que las más de 130.000 personas que representamos al sector en todo el país -continúan los dueños de las agencias de remise- esperamos un gesto de autoridad y no la sensación que tenemos de que la gobernación más importante del país no tiene una línea de autoridades, como lamentablemente ocurre a nivel nacional".
Luego de haberse negado los remiseros a armar cámaras ocultas -de acuerdo con una propuesta del propio Suárez Lastra- le recordaron en la carta, que fue enviada a los medios, que el artículo 177 del Código de Procedimientos Penal de la Nación dice que "Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguidos de oficio: 1) los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones". Luego se quejan de que ni el director de Verificaciones y Habilitaciones, Horacio Spandonari, ni el área de Fiscalización que depende del subsecretario de Tránsito y Transporte, Horacio Blot, cumplen con lo que regulan las ordenanzas y los decretos que rigen la actividad.
Los dueños de las agencias de remise sostienen que el accionar de los funcionarios empareja a los que funcionan dentro de la legalidad -que pagan impuestos y que, por lo tanto, tienen costos más elevados- con los que no lo hacen -que no pagan tasas, por lo que bajan sus costos al mínimo-.
