Los administradores de Propiedad Horizontal deberán inscribirse obligatoriamente en un Registro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder ejercer su profesión, de sancionarse próximamente en el parlamento porteño un proyecto elaborado, básicamente, por la legisladora Sandra Dosch (FG), al que los diputados Delia Bisutti (ARI), Alberto Fernández (PJ) y el ex legislador Víctor Santa María (PJ) le realizaron algunas modificaciones.
"Más del 70 por ciento de los porteños residen en edificios de propiedad horizontal, que en su mayoría se encuentran administrados por personas físicas o jurídicas que carecen del suficiente contralor, por lo que resulta imperioso crear una normativa tendiente a poner fin y brindar soluciones a todas las cuestiones que afectan diariamente a los miembros de los consorcios", afirmó Dosch.
Por tal motivo, el proyecto en cuestión crea el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De aprobarse la medida, este registro estará a cargo un organismo a determinar por el Poder Ejecutivo. Este órgano, que actuará como autoridad de aplicación de la ley, sería seguramente la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno porteño.
El proyecto promueve que las personas físicas o jurídicas que administren onerosamente uno o más consorcios de propiedad horizontal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tengan la obligación de inscribirse en el Registro. Sólo quedarían exentas de la misma las personas físicas que administren en forma gratuita el consorcio del cual forman parte por ser propietarios de un departamento y tener allí establecido su domicilio, aunque igualmente pueden inscribirse voluntariamente en la nómina.
La iniciativa propone también que los administradores no puedan contratar la provisión de bienes, servicios o la realización de obras con aquellos prestadores que no cuenten con título o matrícula cuando la legislación así lo disponga, así como seguros de riesgos del trabajo del personal a su cargo. También deberán exigir los originales de los comprobantes correspondientes y guardar en archivo copias de los mismos.
Los requisitos para la inscripción en el Registro son nombre y apellido o razón social, constitución de domicilio especial dentro del radio de la Ciudad, número de CUIT y certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. No pueden registrarse en esta nómina las personas inhabilitadas para ejercer el comercio, los fallidos o concursados hasta su rehabilitación definitiva y los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco años desde que la medida haya quedado firme.
Por otra parte se plantea que los administradores deban constituir un seguro de responsabilidad civil por errores u omisiones, con garantía hacia los propietarios, conforme a las formas y modos que determine la reglamentación que deberá elaborar el Ejecutivo porteño, y de no cumplir con las disposiciones fijadas por esta iniciativa se promueve la aplicación de una serie de multas que van desde el apercibimiento hasta la exclusión del registro.
Este proyecto fue consensuado con la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteña y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, así como con destacados juristas, asociaciones y corporaciones profesionales afectadas y ciudadanos interesados en la regulación de tan importante instituto. A raíz de las cinco observaciones realizadas por los diputados Abel Latendorf, Marta Oyhanarte, Alicia Pierini, Miguel Doy (Forja 2001) y Santiado De Estrada (PJ), se realizaron una serie de modificaciones al texto original, por lo que está más que consensuado para su aprobación en el recinto.
