Aníbal Ibarra tendrá que explicarle a los legisladores los motivos por los cuales aún no llamó a una nueva licitación para concesionar el sistema de grúas y parquímetros de la Ciudad, vencido en el 2001 y cuyos contratos fueron anulados por la Justicia, que le otorgó al Ejecutivo un plazo de 60 días para normalizar la situación.
Consultado por NOTICIAS URBANAS, voceros de Ibarra informaron que el Gobierno porteño pidió una prórroga de 180 días a la Justicia para regularizar la situación. Dijeron que la postergación fue otorgada y que vence en julio.
Sin embargo, la Legislatura aprobó este jueves un pedido de informes, elaborado por la diputada macrista Sandra Bergenfeld, donde le piden al Ejecutivo que explique los motivos de la postergación y el destino del dinero de las empresas concesionarias que están operando ilegalmente.
"El negocio de explotación de grúas y parquímetros es una muestra de falta de transparencia, lo que hace necesario proteger los derechos de los ciudadanos usuarios", fundamentó Bergenfeld.
En los considerandos del proyecto aprobado se estipula que en marzo de 2001 caducaron los contratos de control de estacionamiento de las empresas STO (Servicio Técnico Ordenado) y SEC (Servicio de Estacionamiento Computarizado) y no obstante ello, las mismas continuaron desarrollando sus actividades y recaudando por servicios en los cuales su concesión estaba concluída.
En otro punto, se especifica que la licitación para la adjudicación de los servicios de Dakota SA y BRD SAICF (explotación de parquímetros) fueron otorgadas en el año 1990 y por distintas circunstancias operan hasta la fecha con rentabilidad significativa, según avalaron los legisladores.
El servicio de acarreo había quedado desierto en enero pasado cuando el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, Osvaldo Otheguy, anuló las prórrogas al contrato que el Gobierno de la Ciudad tenía con las empresas que lo realizaban. En aquella oportunidad, la Justicia exigió que en 60 días se concretara una nueva licitación pública para concesionar el sistema. Éste es el fallo que el Gobierno porteño apeló.
