Un decreto del Poder Ejecutivo de febrero de este año redujo en ago menos de 4 millones de pesos el presupuesto de los organismos de control, o sea la Auditoría, la Defensoría del Pueblo, el Ente Regulador, la Procuración General y la Sindicatura. En ese momento de emergencia económica, la cifras descendieron con respecto al año anterior entre un 2,43 en el caso de la Sindicatura hasta un 36,52% en el Ente Regulador de Servicios Públicos, pasando por un 5,04 en la Auditoría, un 15,50% en la Defensoría del Pueblo y un 4,95 en la Procuración General.
El Dr. Néstor Vicente, titular del Ente (el más perjudicado), reconoció a Noticias Urbanas, que hace poco el Gobierno de la Ciudad le brindó un refuerzo de 900.000 pesos, por lo que la caída descendió del 36,52 al 20 por ciento. "De cualquier manera -acotó Vicente- tuvimos que hacer una reducción progresiva en los salarios que va desde el 6% en los más bajos hasta el 30% en mi caso" al tiempo que mostraba su recibo de julio, con 3.463 pesos de bolsillo. En el Ente no le renovaron el contrato a 18 personas y en el resto de los 80 contratados hubo podas que orillaron el 50% de las remuneraciones, mientras que diciembre, para ellos, será de vacaciones sin sueldo.
Vicente sostuvo que en la Argentina no hay "cultura del control, menos en épocas de crisis profunda como esta y lamentablemente el castigo se lo aguantará mejor el que más lo merece". Con respecto a la puja con las empresas privatizadas enfatizó que "el aumento a cuenta es peligroso ya que nada se arregla acerca de inversiones y compromisos al tiempo que reclamó mayor presencia del Estado".
