La Ciudad contraataca por el Casino flotante

La Ciudad contraataca por el Casino flotante

Casino de Buenos Aires S.A había conseguido que el titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 le otorgrara una medida cautelar por la cual le ordena a la Ciudad que se abstenga de realizar cualquier acción para cobrarle Ingresos Brutos a la facturación de los barcos Estrella de la Fortuna y Princess. La Procuración de la Ciudad, en tanto, confirmó que esta semana apelará esa medida. Se estima que el monto a percibir por el Estado superaría los $ 200 millones anuales


El Gobierno porteño confirmó que esta semana apelará la medida cautelar dispuesta por la Justicia federal, que le impide cobrarle Ingresos Brutos a los dos barcos casino de Puerto Madero, que opera el empresario kirchnerista Cristóbal López.

Según se consigna en el diairo Clarín, fuentes de la Procuración de la Ciudad explicaron que presentarán el escrito entre el "miércoles y el jueves".

El viernes pasado, Pablo Cayssials, titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, le otorgó una medida cautelar a la empresa Casino de Buenos Aires S.A., por la cual le ordena a la Ciudad que se abstenga de realizar cualquier acción para cobrarle Ingresos Brutos a la facturación de los barcos Estrella de la Fortuna y Princess.

El conflicto entre los barcos casino y la Ciudad viene desde el mismo momento en que Buenos Aires consiguió su autonomía. El Estado porteño siempre pretendió cobrarle impuestos a los casinos, como sucede en otras provincias.

Pero la Justicia federal había entendido que como los barcos se encuentran en territorios federales, porque flotan sobre el Río de la Plata, la Ciudad no tenía jurisdicción para cobrarles impuestos.

A mediados de octubre la Corte Suprema declaró "abstracta" una causa judicial referente a la jurisdicción de los barcos casino. Esa decisión le dio pie a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos porteña para cobrarle Ingresos Brutos a los casinos, a través de una retención bancaria.

Se estima que el monto a percibir por el Estado superaría los $ 200 millones anuales

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