El abogado Javier García Elorrio le envió un nota a la presidenta de la Legislatura porteña, Cecilia Felgueras -que convocó para hoy a una sesión en la que se tratará la aprobación del Plan Urbano Ambiental y la designación de los miembros del Consejo del mismo Plan-, advirtiéndole que existen tres presentaciones judiciales en las que se cuestiona "la falta de participación ciudadana en el proceso de elaboración del proyecto de Ley del Plan Urbano Ambiental remitido a la Legislatura por el Poder Ejecutivo de la Ciudad".
Las presentaciones fueron efectuadas por Marta Dodero, el defensor del Pueblo Adjunto porteño, Antonio Elio Brailovsky y el propio García Elorrio. En el marco de la presentación de Marta Dodero, el juez Roberto Gallardo, a cargo interinamente del Juzgado Nº1 en lo Contencioso Administrativo, dio por acreditado que:
1º) La Comisión Asesora Permanente Honoraria no fue constituida legalmente -como lo exige la ley- y actuó de manera informal.
2º) La actividad de esa Comisión sólo fue la de emitir opiniones que en muchos casos ni siquiera fueron tenidas en cuenta
3º) Se vulneró el texto del artículo 29 de la Constitución de la Ciudad.
4º) No hay constancia en el Documento Final del Plan Urbano Ambiental de que los procedimientos constitucionales y legales hayan sido regulares
5º) No hay evidencia de la participación de la Comisión Asesora Permanente Honoraria en la elaboración del Documento Final del Plan Urbano Ambiental.
García Elorrio plantea que en este contexto, la aprobación del Proyecto de Ley violaría el artículo primero de la Constitución porteña, y ni aún la posterior audiencia pública que deberá ser convocada -es una ley de doble lectura- podrá sustituir al proceso de participación ciudadana previsto en la Ley 71.
El abogado -que ha efectuado otras presentaciones en el pasado, todas referidas a la falta de consulta del Gobierno con los ciudadanos- propone finalmente, que el proyecto sea devuelto al jefe de Gobierno para que se le hagan las correcciones pertinentes. Plantea que sino el Plan Urbano Ambiental podría en el futuro ser declarado inconstitucional, por haber sido aprobado sin la participación de la ciudadanía.
