El llamado a indagatoria que el juez Norberto Oyarbide le hizo al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por la causa de las escuchas ilegales generó la primera repercusión política de peso: en la Legislatura porteña son varios los legisladores que por lo bajo reconocen que analizan impulsar la creación de una comisión investigadora del caso. La misma vería la luz si el Jefe de Gobierno finalmente es procesado, y podría culminar recomendando la iniciación de su juicio político. Por el momento, la mayoría opta por la precaución, esperando que se expida la Justicia. Se recuerda: el juicio político a Aníbal Ibarra también comenzó con una comisión investigadora. Aunque en este caso, la situación es diferente: el macrismo cuenta con 26 legisladores propios que, si se mantienen abroquelados, son más que suficientes como para trabar un enjuiciamiento de estas características (Ibarra, en su momento, sólo contaba con tres diputados propios). Y tampoco hay, como en aquella oportunidad, 194 familias golpeando los despachos de los diputados por justicia. Igualmente, ya el sólo hecho de la creación de una comisión que investigue al Jefe de Gobierno, sumada a un eventual procesamiento judicial, golpea duramente la imagen de Macri y sus sueños electorales.
Por ahora, solamente figuras como el kirchnerista Juan Cabandié (presidente del bloque Encuentro Popular para la Victoria) y Martín Hourest (Igualdad Social) se animaron en un principio a nombrar abiertamente la posibilidad de recurrir al juicio político en caso de que la Justicia compruebe una relación entre Macri y la asociación ilícita involucrada en las escuchas. Otros, como Claudio Presman (titular del bloque UCR) y Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), hicieron énfasis en la necesidad de esperar a que se defina el estado de Macri en la causa antes de emitir una opinión. Ruanova, en particular, señaló que si bien en la instancia judicial el Jefe de Gobierno deberá dar explicaciones, ?hay que ser responsables con las herramientas que usamos y no hacer de esto carroña política como vimos en el pasado?. ?Es indignante como en el pasado el macrismo se aprovechó del sufrimiento de muchas familias para sacar rédito político?, redondeó, en referencia al único antecedente que tiene la Ciudad de la realización de un juicio político.
Ese antecedente fue la destitución, en marzo de 2006, de Aníbal Ibarra, quien hoy ocupa una banca en la Legislatura como integrante del bloque Diálogo por Buenos Aires. En charla con Noticias Urbanas, el ex jefe de Gobierno evitó los paralelismos entre la situación que llevó a su desplazamiento del cargo y la que compromete al actual titular de la comuna y, amparándose en la defensa de la institucionalidad, sentenció: ?A Macri hay que sacarlo con los votos?. Ahora, queda claro para todos que en caso de que se llegue a un procesamiento firme, el escenario se volvería mucho más oscuro para el futuro de Macri, y los discursos opositores, mucho menos benévolos. Presman también habló de institucionalidad, aprovechando el tema para desenterrar una vieja crítica al macrismo: la ausencia de Michetti ?hoy diputada nacional? en la Vicejefatura de Gobierno, y el conflicto de poder que se generaría si Macri eventualmente debiera abandonar el cargo, ya que debería asumir Oscar Moscariello y el Parlamento porteño quedaría en manos de Proyecto Sur. ?Es un ejemplo de cómo una decisión por conveniencia electoral puede tener un costo político muy alto?, concluyó. La postura del diputado en caso de que la Justicia avance sobre el jefe comunal es atenerse a las decisiones que tomen los órganos de su partido.
Para Diego Kravetz, presidente del bloque peronista del parlamento porteño, la situación ?tiene que ser muy extrema para que se saque de su cargo a un gobernante elegido por el sistema democrático?. El juicio político, alegó, ?sólo podría surgir por recomendación de una comisión investigadora del tema, convocada en el caso de que Macri sea efectivamente procesado?. Esta metodología fue la que se aplicó con Ibarra (que, paradójicamente, no fue procesado por la Justicia en la causa de Cromañón), por lo que, reconoce, podría haber consenso en las filas opositoras si se registran avances en la situación procesal del ingeniero. Consultado sobre un paralelismo entre ambos casos, Kravetz opinó que la del abogado ?fue infinitamente más grave? por su relación directa con la tragedia de Cromañón, aunque alegó que la repetición del caso daría muestra de que la Ciudad ?es un distrito muy volátil?.
En relación directa con la investigación por las escuchas telefónicas aparecen numerosos temas que serán terreno de las principales avanzadas opositoras. El bloque Diálogo por Buenos Aires, con Ibarra a la cabeza, reclama desde hace tiempo la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad local, Guillermo Montenegro, quien también debe presentarse a indagatoria por solicitud del juez Oyarbide. Según argumentó el diputado, si el funcionario no presenta la dimisión, su jefe político debería ser quien se la reclame.
Siempre dentro del tema de la Metropolitana, Ruanova consideró ?fundamental? impulsar una revisión de la Ley de Segu-ridad Pública, particularmente en lo referido a la forma de selección del personal y al uso de herramientas tecnológicas: ?Es necesario un mapa del delito?. Para completar, solicitará que se remueva a los funcionarios policiales que fueron incorporados por Palacios, estableciendo su reemplazo por medio de una audiencia pública consultiva. ?Hay posibilidad de repensar la Metropolitana?, se esperanzó.
Por el número de legisladores con que cuenta el oficialismo, es casi imposible que un juicio político avance. Lo más probable es que el bloque macrista cierre filas y denuncie, en consonancia con su jefe político, una persecución judicial. ?Hoy es muy difícil pensar que Macri pueda ser enjuiciado políticamente, y más aún, destituido?, señaló en of the record un experimentado legislador que conoce de cerca estas cuestiones. ?El juicio político ?agregó? sólo podría prosperar si el bloque del PRO estallara en mil pedazos.?.
LA AVANZADA OPOSITORA
Durante 2008 era común oír por los pasillos de la política que a Macri, flamante titular del Ejecutivo porteño, no le entraban las balas. Los conocidos seis meses de romance de los que disfruta un nuevo gobierno con su electorado, cuando todos los traspiés son perdonados por la gracia de que la herencia no se elije, se estiraron a más de un año, en el que la imagen del jefe de Gobierno mantuvo su porcentaje a pesar de los cuestionamientos opositores. Pero llegando a los dos años y medio y sumergido en el affaire de las escuchas, esa etapa es sólo un feliz recuerdo. Entre inundaciones, obras de subtes incumplidas, conflictos gremiales, problemas en los hospitales y la desangrante salida a la calle de la Policía Metropolitana, el macrismo fue gastando su inmunidad. La situación se hizo evidente cuando apenas rescató un 33 por ciento de los votos locales en la elección de 2009, encabezando su propuesta con su carta más fuerte: la entonces vicejefa porteña Gabriela Michetti. Tras el recambio legislativo, una oposición revitalizada pasó a ocupar trincheras: Proyecto Sur se quedó con el manejo de áreas estratégicas en el Parlamento porteño, como la Vicepresidencia Segunda (pasó a manos de Julio Raffo) y la comisión de Salud (con Jorge Selser). El rechazo de propuestas oficiales fue una de las estrategias más claras de la oposición desde el inicio de la gestión PRO y resulta aún más evidente desde que se conformó la nueva Legislatura. Diputados expertos en la presentación de recursos de amparo, como Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), Rafael Gentili (Proyecto Sur) y Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), trabaron muchas de las iniciativas del Ejecutivo para someterlas a un análisis escrupuloso en busca de irregularidades. Una de las iniciativas fuertes del Gobierno, la más fuerte dentro del área de Justicia, es el envío de una serie de modificaciones al Código Contravencional que los legisladores del PRO tendrán la tarea de defender y hacer aprobar, aunque desde ya la presentan como una tarea difícil. Tanto Presman como Kravetz coincidieron en señalar que el aumento de penas ?no resuelve los problemas de inseguridad?. El titular del bloque peronista incluso señaló que en su momento los aumentos a las penas impulsados por Juan Carlos Blumberg no resultaron efectivos. Por último reconoció que, si bien esta discusión será uno de los puntos centrales de la tarea legislativa de este año, el tema excluyente será la situación procesal de Macri, amenazando incluso con dejar fuera de agenda otras cuestiones relevantes ?como pasó con la destitución de Ibarra?. El aumento del ABL y la colocación del bono de deuda son otros ejemplos de iniciativas oficiales cuestionadas por la oposición.
