Actualmente, si un ciudadano común quiere presentar un proyecto de ley en la Legislatura, debe conseguir más de 40.000 firmas que lo apoyen. Es decir, el 1,5 por ciento del padrón electoral. Y como estas firmas no pueden tener más de un año de antigüedad a la hora de ser presentadas ante la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura, el trámite se vuelve extremadamente difícil de cumplir. Tal es así que, desde la publicación de la ley 40 de Iniciativa Popular -que establece los mecanismos de presentación de proyectos por parte de los vecinos de la Ciudad-, ocurrida en julio de 1998, ninguna propuesta parlamentaria de este tipo llegó a ser tratada en el recinto.
"La experiencia de estos años pone en evidencia las falencias de la ley actual", afirmó a NOTICIAS URBANAS el presidente de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura, Rodrigo Herrera Bravo (Compromiso para el Cambio). En ese sentido, el diputado macrista acaba de presentar un proyecto de ley para modificar esa norma y hacerla más operativa. Su propuesta fue acompañada por los legisladores Helio Rebot, Gabriela Michetti, Paula Bertol, María Florencia Polimeni y Marcelo Godoy, todos del bloque macrista.
El proyecto parte del supuesto de que la Ciudad será, tal como lo establece la Constitución, descentralizada en Comunas y plantea, entre sus puntos principales, la división de las iniciativas populares en distritales y comunales. Herrera Bravo propone que las primeras, cuya temática afectaría a la Ciudad en su conjunto, deban seguir contando con el 1,5 por ciento de apoyo del distrito, pero las segundas, de índole barrial, necesiten solamente el aval del 1,5 por ciento del padrón de la comuna a la que afecta. De esta manera, la cantidad de firmas a juntar se reduciría sensiblemente para los proyectos que involucraran solamente a una zona de la Ciudad, sin violar el "uno y medio por ciento del padrón electoral" que establece la Constitución en su artículo 64.
Tiempo atrás, una asociación vecinal de La Boca -la Comisión de Vecinos de la Calle Irala- intentó recorrer el camino de la Iniciativa Popular y presentar en la Legislatura un proyecto propio sobre el destino de unos terrenos ubicados en Casa Amarilla. Lograron 14.271 firmas que, si bien constituían una cifra considerable para un proyecto de índole barrial, no llegaban ni a la mitad de las 35.000 que, en ese momento, representaban el 1,5 por ciento del padrón electoral exigido la Constitución.
Otro cambio que promueve el proyecto de Herrera Bravo es que la cantidad de firmas necesarias para que el Gobierno porteño les otorgue difusión a las propuestas de iniciativa popular sea reducida a 3.000 para los proyectos distritales y a 500 para las iniciativas comunales. Actualmente, son necesarias 4.000 firmas para que el Ejecutivo difunda por los medios un proyecto de iniciativa popular.
Finalmente, la propuesta de Herrera Bravo plantea aumentar los canales de difusión de estos proyectos. Propone que el Gobierno los comunique por:
– dos de los diarios de mayor circulación en la Ciudad durante dos días a costa de la autoridad convocante,
– el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un período de cinco días,
– dos periódicos barriales de circulación en la zona de la Ciudad acerca de la cual se debata en la Audiencia Pública, si correspondiere, en su edición previa a la fecha establecida para su realización, a costa de la autoridad convocante,
– la emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires, durante un período de cinco días.
En la actualidad, el camino que generalmente siguen los vecinos u ONG’s que quieren impulsar un proyecto propio es el de solicitar el apoyo a algún legislador para que lo presente en su nombre. Los casos abundan y quizás haya uno emblemático: el que se convirtió en la Ley de Uniones Civiles, ingresado en la Legislatura por el diputado Roque Bellomo a instancias de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Los vecinos de La Boca, a su vez, también lograron presentar su propuesta a través de la diputada Beatriz Baltroc, que la tomó como propia, pero nunca fue tratada en el recinto. Si hubiera sido presentada como proyecto de iniciativa popular, la Legislatura habría tenido, por ley, que debatirla sí o sí en el lapso de doce meses.
