El memorándum que pretende silenciar las inspecciones judiciales y sancionar a aquellos trabajadores de la Salud que se atrevan a hablar por fuera de lo permitido por sus jefes generó un revuelo político por estas horas, tanto en la Asesoría Tutelar General, principal afectada, como en la Comisión de Salud de la Legislatura.
Noticias Urbanas accedió al oficio Nº 1.248/11, con fecha del jueves 3 firmado por el asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que exige a la directora General de Salud Mental explicaciones respecto al memorándum de la censura.
?He tomado conocimiento informal de la directiva que en copia se acompaña, la cual habría sido remitida por usted a los hospitales de salud mental de la CABA? por eso ?en caso de que la copia que se acompaña corresponda a una directiva por usted impartida, solicito tenga a bien remitir en el término de diez días hábiles copia de la misma?, escribió Gustavo Moreno en la nota dirigida a la encargada de la Dirección de Salud Mental, María Concepción Grosso.
Moreno, además, preguntó ?si tal directiva se corresponde con un acto administrativo dictado por dicha autoridad e indique bajo qué expediente, adjuntando además el dictamen jurídico que lo precede?.
El asesor de Cámara confirmó a este medio que lo llamó la directora de Salud Mental tras la nota publicada, y que ella aseguró sólo haber hecho circular una directiva enviada desde el área de Legal y Técnica del Ministerio de Salud.
En un comunicado, la máxima autoridad en la Asesoría exhortó al ministro de Salud, Jorge Lemus, ?a que revea esta normativa interna que resulta violatoria de la Constitución Nacional y de la CABA y que atenta el normal desarrollo de las instituciones creadas con el fin de proteger los derechos de las personas menores de edad y afectadas en su salud mental?.
Laura Musa, asesora Tutelar General, al tomar conocimiento a través de este medio se quejó porque Grosso ?ordenó a los directores de los hospitales sumariar a los empleados que respondan preguntas del Ministerio Público Tutelar, con el objetivo de obstaculizar la tarea de contralor que constitucionalmente le corresponde a este organismo?.
La asesora general aprovechó para referirse al ?enorme déficit en la implementación de la Ley de Salud mental de la CABA? y argumentó que ?la judicialización de situaciones de extrema vulneración de derechos es siempre una modalidad de última ratio, impulsada solamente una vez agotadas todas las otras instancias, y ante patrones de conductas ilegales y violatorias de derechos humanos?.
Legisladores del ibarrismo y Proyecto Sur quieren acceder al memorándum de la censura.
