La titular de la Defensoría del Pueblo, Alicia Pierini, le confirmó a NOTICIAS URBANAS que, en el marco de la modernización del sistema penal que se impulsa desde la Ciudad, el organismo que preside está cumpliendo "una labor de vital importancia". En la actualidad hay veinte personas con procesos penales suspendidos a prueba, que cumplen con sus sentencias en la Defensoría porteña. La ley penal (artículo 76 del Código Penal) prevé la posibilidad de suspender los procesos seguidos por delitos leves contra las personas a quienes se considera innecesario castigar con penas cortas privativas de libertad. Estas personas deben realizar determinadas tareas y sujetarse a controles especiales por un tiempo determinado. Al término de esta prueba, el proceso se cierra si el imputado cumplió con el compromiso asumido.
"Desde mi lugar de legisladora (cargo que ocupó antes de ser defensora del Pueblo) siempre impulsé este tipo de soluciones y además uno debe ser coherente con lo que dijo durante toda su vida, y en este caso, apoyar iniciativas en la que que siempre creí, como las penas alternativas", destacó a esta agencia Pierini.
Uno de los principales problemas que enfrenta la justicia es el control del efectivo cumplimiento de las condiciones de la probation. Y aquí es donde interviene la Defensoría en apoyo a la administración de justicia y a las personas imputadas. Esa ayuda se materializa en el ofrecimiento de un ámbito de trabajo, de seguimiento y contención.
La filosofía de esta actividad consiste en la comprensión de que un eficiente sistema penal, que no es sinónimo de riguroso, requiere de instituciones modernas acordes con los nuevos tiempos. También necesita de la colaboración del conjunto de los órganos del Estado y de la sociedad civil.
Es un plan de conducta en libertad que adapta el derecho penal a las circunstancias que rodean el hecho, a las condiciones del imputado y a las posibilidades que brinda la comunidad, para evitar las consecuencias negativas de una eventual condena privativa de libertad a personas sin historial criminal. "Lo que hacemos es una muestra más de que la reinserción social es posible y plausible", definió Pierini.
La Defensoría informa trimestralmente a los jueces de la asistencia y conducta de las personas sujetas a la probation. Previamente, los imputados son entrevistados para establecer su perfil profesional a fin de determinar qué tareas deben realizar.
Asimismo, se está elaborando un acuerdo con las cátedras de "Psicología Ética y Derechos Humanos" y "Psicología Forense" de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires para desarrollar un programa interdisciplinario de reinserción.
De este modo, la Defensoría es una de las instituciones que en este momento colabora en la modernización de las instituciones para la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos.
