Este viernes a la mañana, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Alicia Pierini; la directora de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Alegre; Víctor Abramovich, del Centro de Estudios Legales y Sociales; Liliana Mazea, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Luis Valenga, en representación de los abogados de las víctimas, presentaron ante la prensa el proyecto de la formación de la Comisión para la Verdad, Justicia y Reparación a las Víctimas de los Hechos Represivos ocurridos el 20 de diciembre de 2001.
El proyecto -de la autoría de la diputada Pierini- ya tiene estado parlamentario y será tratado en la primera sesión que realice la Legislatura porteña. De todas maneras, anticipándose a la formación de la Comisión mencionada, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura estará abierta para tomarles declaración a todos los testigos de la represión que hayan presenciado los sucesos que culminaron con los asesinatos de las seis o siete personas -hay un muerto en el listado original del SAME que no ha podido ser verificado aún- que ocurrieron ese día.
Estuvieron presentes, acompañando el proyecto, los diputados justicialistas Julio Vitobello, Víctor Santamaría y María Lucila Colombo y el diputado Daniel Bravo (UCR).
La diputada Pierini manifestó que "primariamente, hay una comprobación que surge en forma clara de todas las pericias judiciales: los disparos partieron de un sólo lado, del lado de las fuerzas represivas. Está probado que los manifestantes no dispararon contra la policía".
Evaluando los sucesos, Pierini agregó que "la situación generada por la represión el 20 de diciembre de 2001 es una gran derrota de la democracia". La diputada justicialista también cuestionó el hecho de que la causa por la muerte de Rubén Darío Aredes – que fue herido de bala el 20 en la zona de los sucesos y que falleció el 21 de diciembre en el Hospital Santojanni, mientras era operado- haya sido enviada al juzgado de instrucción del juez Murature. Exigió que se agregue ésta a las otras causas, que están radicadas en el juzgado federal de María Servini de Cubría.
Abramovich (CELS), por su parte, planteó que "hubo patrones represivos, hubo un hilo conductor entre las acciones represivas ocurridas en los diferentes lugares de la ciudad. Lo novedoso de la situación que estamos planteando es que hasta hoy nunca se juzgó a los responsables políticos de la represión, como ahora solicitamos nosotros".
La diputada Pierini y la directora de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, Gabriela Alegre, solicitaron a quienes hayan sido testigos presenciales de los hechos que culminaron con los asesinatos del 20 de diciembre, que se presenten a declarar en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, que está situada en Perú 160, oficina 203. La información recogida será enviada al juzgado interviniente.
También solicitaron los convocantes a la conferencia de prensa que todos los que puedan aportar fotografías, filmaciones u otros elementos de prueba, que los hagan llegar a la Legislatura o al juzgado a cargo de María Servini de Cubría.