El plan de reforma de la Justicia porteña, preparado por el secretario de Justicia y Seguridad Facundo Suárez Lastra, ya despertó críticas en el ámbito en el que deberá ser aprobado para tener valor legal: la Legislatura de la Ciudad. Entrevistados por NOTICIAS URBANAS, dos diputados de la comisión de Justicia, área a la que será girado el proyecto una vez que éste sea ingresado en el parlamento porteño- manifestaron cuestionamientos al proyecto.
Se trata del legislador oficialista Roque Bellomo (Alianza) quien afirmó que, de reflejarse en el proyecto solamente lo que se conoció en los medios, se trataría de una iniciativa "poco sólida", y de Alicia Pierini (Bloque Justicialista) quien realizó críticas aún más duras. También desde el despacho de Lucio Ponsa Gandulfo (Bloque Justicialista) comunicaron la oposición del legislador a la propuesta, con argumentos similares a los esgrimidos por Pierini.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, la diputada Marta Oyhanarte no quiso emitir opinión del proyecto hasta tanto no tuviera acceso al mismo. "Solamente conozco la versión periodística y prefiero no hablar", se disculpó.
PROPUESTA CUESTIONADA
El proyecto, conocido a través de una nota aparecida en el diario La Nación, plantearía un ahorro de 23.610.011 pesos. Para alcanzar esa cifra, no se reducirían los salarios de los jueces del Tribunal Superior (quienes perciben un ingreso cercano a los 10 mil pesos) ni de los magistrados ordinarios (cuyos sueldos oscilan los 6 mil). La rebaja se obtendría a partir, fundamentalmente, de recortes en el Ministerio Público y en la Justicia Contravencional.
En el primer caso, se estudia bajar el número de fiscalías y defensorías, respectivamente, de 30 a 16 y de 20 a 10. En el otro, reducir la cantidad de juzgados contravencionales de 48 a 16. Sin embargo, el cuestionamiento principal que recibe el proyecto es que se trata de un recorte en áreas que aún no existen, ya que en la actualidad funcionan solamente 13 fiscalías, 7 defensorías y 4 juzgados contravencionales.
"Suárez Lastra no abandona su costumbre de diseñar irrealidades", disparó Pierini. Al respecto, la diputada justicialista criticó la demora del Consejo de la Magistratura en la realización de los concursos que definirán quiénes serán las autoridades judiciales de las juzgados a crearse. Por su parte, Bellomo reconoció que los exámenes escritos (primera fase del concurso) fueron realizados en diciembre de 2000 y que los resultados deberían haber estado listos para marzo de 2001 pero que aún no se conocen.
"No debieron presupuestar la constitución del fuero contravencional en el 2001 porque eso era imposible de cumplir", dijo Pierini. "Sin embargo -continuó- lo hicieron y aún no explicaron adónde fue ese dinero. Ahora presupuestaron el año 2002 como si el fuero existiera y ante la obviedad de que quizás a fin de año alcancen a hacer funcionar solamente 16 juzgados, pretenden hacernos creer que esa ineficiencia es reducción de gasto y virtud de ahorro".
La postura de Ponsa Gandulfo es también crítica a la iniciativa de Suárez Lastra. Si bien NOTICIAS URBANAS no pudo comunicarse con él, desde su despacho adelantaron que -en consonancia con Pierini- el legislador se opone al proyecto, entre otras cosas, por considerar que se recorta sobre áreas todavía no creadas. También se deslizó la posibilidad de que el diputado le solicite al medio que publicó la nota un espacio para responderle al secretario de Justicia y Seguridad.
Bellomo, por su parte, sostuvo que antes de tener una opinión totalmente formada debía leer el proyecto, del que sólo se conoce su versión periodística. Sin embargo, afirmó que, a priori, le parece incompleto, ya que no plantea una reforma integral de la justicia porteña. "Si la reforma es tal cual se conoce, es solamente un maquillaje. Hay que ir a fondo con los temas y confío en que Suárez Lastrá lo hará", argumentó.
El diputado no se mostró de acuerdo con la reducción de las fiscalías y defensorías propuestas por el secretario de Justicia y Seguridad. Tampoco con la disminución de los juzgados contravencionales porque, según sostuvo, "van a colapsar". Si bien admitió que la idea de eliminarlos antes de que finalicen los concursos para evitar posteriores reclamos judiciales por parte de los ganadores "es correcta", aseguró que "si a esto no se lo acompaña con una reforma profunda, que agilice los procedimientos judiciales, se corre el riesgo de que de que la ciudad nunca posea una justicia adecuada".
