Entre los distintos tipos de proyectos que puede sancionar la Legislatura porteña se encuentran los proyectos de resolución. Esta clase de iniciativas son las que tienen por objeto el rechazo de solicitudes de particulares, el otorgamiento de acuerdos, la adopción de medidas relativas a la composición u organización interna del Cuerpo, las reformas al Reglamento y, en general, toda disposición de carácter imperativo que pueda adoptar la Legislatura por sí.
También deben presentarse en forma de proyecto de resolución los pedidos de informes al Poder Ejecutivo, indicando expresamente el plazo dentro del cual éste debe contestar obligadamente, no pudiendo tener la resolución,en este caso, carácter de una manifestación de deseos. En general se recurre a este tipo de iniciativas para esclarecer dudas o para adquirir información sobre determinados programas o problemáticas.
En el caso particular del Parlamento porteño, los pedidos de informes representan la mayor parte de las iniciativas sancionadas, al menos en lo que va del año. En lo que va del año 2002, se aprobaron 535 normas, de las cuales un 51 por ciento corresponden a proyectos de resolución, un 27 por ciento a proyectos de declaración. El 22 por ciento restante son proyectos de ley.
Si bien todos los pedidos de informes tienen un plazo estipulado para su contestación, se ha hecho una costumbre que el Ejecutivo porteño generalmente excede el tiempo establecido para efectuar su descargo acerca de las consultas. Además, las respuestas suelen ser muy vagas o incompletas, por lo que se debe reiterar el pedido, o bien conformarse con la escasa información obtenida.
Cabe aclarar que, así como hay proyectos de esta índole sobre asuntos sumamente importantes para el funcionamiento y la administración de la Ciudad, también los hay sobre aspectos intrascendentes o sobre cuestiones que pueden ser esclarecidas mediante una pequeña investigación. Esto último dificulta muchas veces que los pedidos de informes sobre temas relevantes se contesten con celeridad, y genera demoras prolongadas o respuestas escuetas e incompletas.
De todas maneras, las irregularidades en la contestación de los proyectos son cosa de todos los días, aunque los diputados del oficialismo no den cuenta de ello. "Si bien no suelo presentar muchas iniciativas solicitando informes, hasta el momento no he tenido ningún inconveniente", aseguró el diputado radical Héctor "Tom" Costanzo.
En cambio, el diputado Guillermo Oliveri (Bloque Justicialista), quien acostumbra presentar este tipo de proyectos, manifestó que "el oficialismo traba cualquier proyecto que implique un seguimiento de la gestión de Aníbal Ibarra. Por eso también demoran todo el tiempo posible las respuestas".
Por tal motivo, Oliveri presentó un proyecto de ley para que todo funcionario de la administración porteña provea en el menor tiempo posible, en forma precisa y completa, la información y los antecedentes que le sean solicitados por la Legislatura porteña.
Además, establece que el plazo para la entrega de los informes solicitados por el Poder Ejecutivo debe ser establecido en cada proyecto, y en el caso de no determinarse, será de 30 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud por parte de la jurisdicción u organismo correspondiente. Si el plazo fijado resulta insuficiente, deberá pedirse una ampliación del plazo a la comisión respectiva.
"El funcionario que demore injustificadamente u obstruya el rápido trámite del expediente, no brinde la información o documentación que se solicita en forma completa, estará incurriendo en mal desempeño de sus funciones, por lo que será susceptible de sumario administrativo o de habilitar el juicio político", afirmó Oliveri.
La diputada Sandra Dosch (Frente Grande), por su parte, aseguró que "la demora en la contestación de los pedidos de informes depende mucho de las áreas. Por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas está muy atrasada en lo que respecta a las respuestas a las consultas".
Por su parte, el diputado Pablo Caulier (Bases y Puntos de Partida) sostuvo que "es preocupante que el Ejecutivo no conteste rápidamente los pedidos de informes, y cuando lo hace estén incompletos o ya sean extemporáneos. Esto es más recurrente cuando se trata de temas que lo comprometen o cuestionan su gestión".
En el mismo sentido, el diputado Atilio Alimena (Partido Demócrata), otro habitué a la hora de presentar proyectos de este tipo, señaló que "el Ejecutivo no sólo no contesta en tiempo y forma los pedidos de informes, sino que, en las comisiones donde hay mucha ingerencia del oficialismo, se dificulta enormemente que tengan despacho, y, posteriormente, su tratamiento en el recinto".
"En mi experiencia personal -agregó- el 80 por ciento de las respuestas que recibo están incompletas, por lo que he tenido que devolver expedientes para que sean contestados nuevamente".
