El Plan Urbano Ambiental (PUA) no termina de convencer a los miembros de la Comisión Asesora Permanente Honoraria (ComAPH) quienes, desde hace años, mantienen una disputa con el área de Planeamiento Urbano del Poder Ejecutivo porteño y con el organismo a cargo del diseño del PUA, el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA). La ComAPH, integrada por especialistas y organizaciones no gubernamentales (ONG’s) volvió a lanzar sus dardos el pasado 10 de diciembre, durante una reunión que sus integrantes realizaron en la Legislatura porteña para debatir un documento que les envió el Poder Ejecutivo. Allí se plantean modificaciones al Plan que, según argumentan los miembros de la ComAPH, no reflejan los aportes que ellos realizaron.
En el documento en cuestión se presentan los tres elementos básicos del Plan Urbano Ambiental: el Modelo y las Estrategias Territoriales, la Agenda Metropolitana y los Instrumentos de Planeamiento, Gestión y Seguimiento. Y más allá de las críticas, el mismo tiene aspectos en los que casi todos -inclusive muchos de quienes lo cuestionan- coinciden en que mejora sensiblemente el plan original.
Por ejemplo, se incorporaron estrategias globales para promover el cuidado del medio ambiente y el desarrollo productivo. Esto último fue rescatado por Ana Grassi, integrante de la ComAPH y miembro de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) en una conversación telefónica que mantuvo con NOTICIAS URBANAS. También por el actual presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, Rubén Campos, quien -en diálogo con este medio- hizo remarcó esta estrategia y la vinculada con el medio ambiente. "En el ’78 -relató Campos- se segregaba a la Ciudad de la concepción productiva y se planteaba que había que sacar las industrias fuera de sus límites. Nosotros estamos proponiendo una ciudad con producción y no una que solamente posea actividad terciaria, es decir, servicios".
"Además -agregó el legislador- está la estrategia de la policentralidad. Antes se ponía énfasis en el área central de la Ciudad, en cambio ahora decimos que el desarrollo de los diversos centros barriales debe realizarse en forma pareja. También se sostiene que debe plantearse una interconectividad entre los subcentros, independientemente de que éstos se comuniquen con el área central, ya que posiblemente a un habitante de Villa Lugano le interesa más estar conectado con Saavedra que con la zona céntrica de Buenos Aires", graficó Campos.
NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
Sin embargo hay otras cuestiones que son duramente criticadas por los especialistas de la ComAPH. La más paradigmática está constituida por las denominadas "Operaciones Condicionadas", un instrumento de gestión, mencionado casi al pasar en el documento -de 24 páginas-, que permite "la posibilidad de formular acuerdos entre el GCBA y propietarios privados de predios para la modificación de las normas" y que, ante las quejas que provocó su inclusión, le fue agregado a su redacción la frase "siempre que los mismos mejoren las condiciones urbanísticas y ambientales del área". "Esto abre la puerta a las excepciones", remarcó Grassi, en total desacuerdo con ese punto.
La discordia también se genera en torno al futuro Banco de Tierras. Éste es un instrumento de promoción del desarrollo urbano que está establecido por la Ley 71 con el objetivo de que la Ciudad disponga de tierras para el desarrollo de los proyectos y acciones derivados de las políticas urbanísticas y ambientales, mediante la adquisición anticipada de predios. "En caso de jurisdicciones totalmente urbanizadas como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires -afirma el documento entregado a la ComAPH- dicha adquisición no debe ser realizada con mucha anticipación. Por el contrario, es recomendable que las adquisiciones se realicen en instancias inmediatamente anteriores a la realización de los emprendimientos".
Según la planificadora Elba "Vinchy" Barreto -también integrante de la ComAPH- lo que debería implementarse, en lugar de esto, es una política del Banco de Tierras permanente y sostenida. "Uno sabe que si el Gobierno de la Ciudad quiere llevar adelante un proyecto los sectores de poder son los primeros en enterarse cuáles son los lotes que se requerirán. Si la adquisición de la tierra es inmediatamente anterior a la realización de la obra se posibilitan los negociados", sostuvo.
Otra polémica: el documento prescribe que en situaciones de especial valor urbano podrá exigirse que la altura máxima de construcción sea la obligatoria. "Nadie puede obligar a un privado a que construya con el máximo de altura permitido. El argumento que se dio es que se quiere uniformar, pero se olvidaron que la diversidad de alturas favorece la ventilación y contribuye a evitar la polución ambiental", explicó la Barreto.
También afirmó que el "el documento tiene un sesgo físico muy fuerte". "En lo referente a la inversión inmobiliaria no se promueven alternativas ni se establecen los mecanismos para medir costos y beneficios. Nosotros planteamos que antes de llevar adelante un programa se tiene que estudiar un mínimo de tres posibilidades, sopesando cuáles son los costos y los beneficios sociales y económicos de cada una, pero esto no se tuvo en cuenta", añadió la arquitecta.
Con la intención de conversar sobre todos estos temas NOTICIAS URBANAS intentó comunicarse con la subsecretaria Charrière en tres oportunidades, pero sus voceros no pudieron ubicarla.
Por último, la ComAPH denunció, tal como lo viene haciendo desde hace tiempo, que sus ideas no son tenidas en cuenta. Si bien el documento establece mecanismos concretos para garantizar la participación, algunos miembros de esta comisión entienden que estos beneficios recién estarían vigentes luego de la sanción del Plan en cuyo diseño, argumentan, no participaron como hubiera correspondido.
Con respecto a esto, el diputado Rubén Campos afirmó a NOTICIAS URBANAS que -más allá de las quejas- una buena parte de las propuestas de la ComAPH fue tenida en cuenta en la redacción de este último documento, pero que hay sectores dentro de esa comisión que son "demasiado polarizados, no aceptan nada y pareciera que no quisieran que se aprobara el Plan porque les conviene estar en la vereda de enfrente".
Desde la ComAPH sostienen que la pelea deben darla ahora y no esperar hasta la audiencia pública que deberá realizarse una vez votada la ley en primera instancia -es una norma de doble lectura- porque, al no ser ésta vinculante, sospechan que los cuestionamientos podrían quedar sepultados bajo los acuerdos políticos.
HISTORIA DE UNA VIEJA PELEA
Es conocido el enfrentamiento que existe entre la ComAPH, organismo que se desempeña ad honorem, y el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), integrado por expertos que designados por el Poder Ejecutivo y la Legislatura porteña.
Desde el primer momento, es decir, desde la elaboración del proyecto original, la ComAPH cuestionó la falta de participación que, en virtud de la Constitución de la Ciudad y de la ley 71, deberían haber tenido. En esos tiempos, Enrique García Espil manejaba a discreción la por entonces denominada Secretaría de Planeamiento Urbano y la Legislatura porteña aún no había designado a sus representantes en el CoPUA.
La tensión entre ambos organismos derivó en tres presentaciones judiciales contra el proyecto, realizadas respectivamente, en julio del año pasado, por el defensor adjunto del Pueblo porteño, Antonio Elio Brailovsky, y por los representantes de Poder Ciudadano -Carlos March y Marta Dodero- y de la Fundación Ciudad -Javier García Elorrio-.
El juez interviniente en la causa iniciada por March y Dodero, -Roberto Gallardo- desestimó una solicitud de "no innovar" presentada por los letrados, pero ordenó comunicarles a los legisladores que tuvieran en cuenta que el PUA, de ser votado como estaba, podría ser declarado inconstitucional cuando se resolviera la cuestión de fondo.
En mayo de este año la Secretaría de Planeamiento Urbano se fundió con la de Medio Ambiente, Eduardo Epszteyn reemplazó a García Espil y la hasta el momento integrante del CoPUA Margarita Charrière pasó a presidir la Subsecretaría de Espacio Público y Desarrollo Urbano. A su vez, dos meses antes, en marzo, se había hecho cargo de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura el diputado radical Rubén Campos, en reemplazo del frentista Marcelo Vensentini.
De Campos los miembros de la ComAPH destacan la buena voluntad que tuvo en la conformación de una "comisión tripartita", en la que, según lo planeado, iban a participar representantes del Poder Ejecutivo -y del CoPUA-, del Legislativo y de la ComAPH. Finalmente los primeros se negaron a hacerlo y, desde ese momento hasta mediados de noviembre, la ComAPH y algunos legisladores de la Comisión de Planeamiento Urbano se dedicaron ha revisar el plan sin su presencia.
"Hace un poco más de 20 días, por primera vez, Charrière y algunos consejeros del CoPUA se reunieron con nosotros para ver cómo queríamos cooperar. Pero en una reunión posterior Charrière trajo un documento que no reflejaba el trabajo que nosotros habíamos estado desarrollando", explicó Barreto. Ese documento, con algunos retoques posteriores, fue el que la ComAPH cuestionó el 10 de diciembre.
ELEMENTOS BÁSICOS DEL PLAN
El documento que redactó la Legislatura parte de la revisión del "Documento Final" elaborado por el CoPUA y se divide en cuatro capítulos.
El primero enumera las estrategias necesarias para diseñar un "Modelo Territorial" deseable para Buenos Aires. Éstas son siete: conformar una estructura policéntrica -que consolide el centro actual y que al mismo tiempo potencie a los centros y subcentros barriales-; fortalecer las vinculaciones transversales entre los distintos sectores de la Ciudad; promover el desarrollo urbano de la zona sur; mejorar el sistema de espacios públicos (vialidades, grandes parques y plazas) y recuperar las costas porteñas favoreciendo su accesibilidad y su uso publico -aquí se menciona, entre otras cuestiones, la recuperación del Riachuelo y la conformación de tres corredores verdes, Oeste, Noreste y Sur, interconectados entre sí-; redimensionar y rehabilitar la infraestructura de circulación y transporte -integrando las redes de transporte, estableciendo un boleto único, completando el circuito de autopistas, entre otras cuestiones-; generar condiciones propicias para el desarrollo de actividades productivas -promoviendo a las pymes, las industrias y el turismo-, y mejorar las condiciones ambientales y la infraestructura de los equipamientos y servicios.
El capítulo 2 contempla la creación de una "Agenda Metropolitana" que plantee acuerdos y planes para el desarrollo a nivel regional a partir del trabajo conjunto con la Provincia de Buenos Aires y con los demás actores e instituciones con competencias e intereses concretos en esta área. Para ello se propone una serie de cuestiones.
Una es lograr la inserción del Gobierno de la Ciudad en los entes reguladores de servicios que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que, con excepción del ETOSS -que se distingue por su carácter tripartito- están bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, y ampliar sus competencias hacia funciones de planificación de los servicios.
También se impulsa la realización de gestiones ante el Gobierno nacional para lograr la transferencia del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad; la creación del Ente Interjurisdiccional de Transporte; la reorganización de los organismos interjurisdiccionales ya existentes -como el Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo- para incluir una mayor participación de la Ciudad, y la creación de un ente de coordinación de políticas de Ciencia y Técnica adecuadas para la región.
El desarrollo regional de los espacios abiertos y de los sistemas de movilidad -aeroportuario, portuario, de transporte y de carga- ocupan un lugar destacado en la agenda. Además, se vuelve a hacer hincapié en la creación de un régimen de Promoción Productiva destinado a micro, pequeños y medianos emprendimientos. Y se subraya la necesidad de recuperar la cuenca Matanza-Riachuelo.
La defensa del ambiente también tiene un espacio destacado en este apartado del proyecto, tanto en lo que refiere tanto al abastecimiento de insumos para las actividades que se desarrollan en la Ciudad como a la eliminación de los desechos. Temas como la gestión de los residuos domiciliarios y peligrosos, y el control normativo de la contaminación y los riesgos ambientales integran este punto.
El tercer capítulo se refiere a los "Instrumentos de Planificación, Gestión y Seguimiento" (o monitoreo). Aquí se hace referencia a tres tipos de planes diferentes según su escala de trabajo -plan de comuna, plan urbano detalle y plan sectorial- y a los medios que posibilitarán la gestión: por un lado, los programas de actuación mediante los que el Gobierno porteño implementará las propuestas formuladas en el Modelo Territorial sobre un determinado recorte de espacio o tema y, por otro, la elaboración de toda una normativa que diseñe los códigos Urbanístico, Ambiental, del Espacio Público, de Edificación, y de Habilitaciones y Verificaciones.
También, como parte de la gestión, se hace hincapié en la participación y en los mecanismos para promoverla, tales como audiencias y encuestas públicas, creación de grupos de trabajo para la formulación de los procesos de planificación y gestión, y la difusión de la información.
Finalmente, como "principio elemental del buen ejercicio de la gestión", se menciona la conveniencia de establecer un sistema de monitoreo que mida y evalúe los resultados alcanzados.
Cabe destacar que en el capítulo 3 figuran dos de los ítems más conflictivos del plan: las "Operaciones Condicionadas" y el referido al Banco de Tierras.
Como último punto del documento -capítulo 4- se hace mención a la "Estructura Institucional de Planificación, Gestión y Seguimiento del Plan Urbano Ambiental". Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 71 (sancionada el 3 de septiembre de 1998), "el organismo encargado de la formulación y actualización del Plan" es el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de la Legislatura.
También se remarca que este Consejo, según el artículo 6 de la mencionada ley, debe garantizar "el carácter transdisciplinario" a partir de la convocatoria de "entidades académicas, profesionales y comunitarias" y de la constitución de "una Comisión Asesora Permanente Honoraria, con aquellas entidades de acreditada trayectoria y representatividad reconocida en la defensa del desarrollo sostenible", la que "en cumplimiento del artículo 29 de la Constitución (…) participará de la elaboración, revisión, actualización y seguimiento del Plan Urbano Ambiental, o de sus instrumentos vinculados". Finalmente, se destaca que el CoPUA, según el artículo 7 de la ley 71, "establecerá un sistema de coordinación y consulta permanente con las futuras comunas".
El documento señala que los roles a desempeñar, especialmente a partir de la etapa que se inicia, deberán aunar la planificación de todas las cuestiones y temáticas que profundicen y pormenoricen las estrategias del Plan Urbano Ambiental formulado y su coordinación, fundamentalmente con los ámbitos de gestión del Ejecutivo y con la Legislatura.
(*) FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2002
