Un año y seis meses es el tiempo hace que el Gobierno porteño incumple su deber de reglamentar una ley fundamental para la actividad cultural de la Ciudad. Una ley de la que depende la sobrevida de más de 40 locales de música y de cientos de artistas. Una ley para la que hay un presupuesto votado y asignado, pero que, según demuestran los hechos, no fue prioritaria ni para el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, más preocupado por la organización de eventos de alto impacto que generen flashes en los medios, ni para Mauricio Macri, quien antes de ser Jefe de Gobierno solía presentarse ante intelectuales y referentes del mundo artístico diciendo: ?Yo soy ingeniero, no sé nada de cultura?.
La cuestión es simple: la norma, denominada Régimen de Concertación para la Actividad Musical, contempla el otorgamiento de exenciones impositivas, créditos y subsidios para los locales de música con capacidad de hasta 300 espectadores y para los músicos independientes. Con ese fin, previo a su sanción, se asignó un presupuesto de 2 millones de pesos, que no fueron ejecutados en 2009. Cuando se negoció el Presupuesto 2010, la partida trepó a 3,5 millones. Pero, aunque se trata de un mínimo porcentaje (el Presupuesto 2010 asciende a 17 mil millones), la historia se repitió. El problema, el mismo: la falta de reglamentación de la ley.
Y llegó el día en que los músicos dijeron basta. Y se autoconvocaron a una marcha. Y se aliaron con la cámara que aglutina a los clubes de música. Y con la conducción del Sadem, el sindicato con quienes algunos tenían diferencias. Y fueron todos juntos a protestar frente al Ministerio de Cultura un lunes. Y eran cien. Y volvieron al lunes siguiente. Y ya eran quinientos. Y prometen volver el lunes que viene. Y el que viene. Y seguir creciendo en convocatoria. Y no sólo hacer música: hacer ruido, mucho ruido. Demasiado ruido. Hasta conseguir lo que les corresponde por ley.
VAMOS LAS BANDAS
La demostración de fuerza es contundente. Frente al Ministerio de Cultura porteño retumban instrumentos. Músicos de diferentes géneros y estilos se entremezclan: están el maestro Leopoldo Federico (presidente de AADI), Teresa Parodi, Liliana Herrero (que arremete con un encendido discurso), Lidia Borda, Diego Frenkel, Cristian Aldana, Guillermo Fernández, Alfredo Piro, Dolores Solá, Lucho Campodónico (del ascendente grupo Inclanfunk) y muchos más. Llega Hebe de Bonafini y posa con Parodi, Aldana y Diego Boris, presidente de la Fa-Mi. Se desconcentran. Anuncian que van a volver en siete días.
?En el Gobierno de la Ciudad nadie da una respuesta clara de por qué la ley no está reglamentada. Por eso le mandamos una carta documento a Macri, intimándolo para que en el plazo de diez días cumpla con lo que debe?, relata ante NOTICIAS URBANAS, presente en la marcha de este último lunes, Cristian Aldana, cantante de El Otro Yo y presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI). ?Con este gobierno, ya se cerraron más de 30 locales?, denuncia a su vez Hernán Greco, uno de los dueños del Centro Cultural Torquato Tasso y titular de la Cámara de Espacios de Música en Vivo (Camuvi). El empresario remarca que el reclamo cuenta con el apoyo del Consejo Federal de la Música, entidad que su asociación integra junto a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Argentores, la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fono-Videogramas (Capif) y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aaadet). En la movida también están la Sociedad Argentina de Músicos (Sadem) y la Federación Argentina de Músicos Independientes (Fa-Mi). En una palabra: todos.
MÚSICOS A LA HOGUERA
El panorama actual es el siguiente: después de la tragedia de Cromañón, se aprobaron normas para tratar de regular con más precisión el circuito. El resultado: una serie de requisitos engorrosos y caros ?que los clubes no pueden pagar sin algún tipo de ayuda estatal?, según explican desde el despacho de la diputada porteña Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica). Así, de los 40 clubes de música registrados, hasta ahora sólo uno, el Music Pub, ubicado en Virrey Avilés 2903, logró llegar hasta el final del trámite. La mayoría tiene, para funcionar, una tipo de habilitación provisoria contemplada en un decreto de necesidad y urgencia dictado por el Ejecutivo porteño, que caduca a fin de este año.
?Nos preocupa la falta de interés de Lombardi en reglamentar en el tema, y además, que se haya desatado una caza de brujas después del derrumbe de Beara?, expresa Sánchez Andía, en diálogo con NU. La legisladora presentó un proyecto de ley para extender por un año y medio las licencias provisorias, a la espera de que en ese lapso el Gobierno porteño reglamente la Ley de Concertación Musical. Pero más allá de esta iniciativa, todos los involucrados en el problema remarcan que la causa del reclamo central es, precisamente, la mora gubernamental. ?No podemos seguir esperando mientras los locales cierran sus puertas?, señala Federico Moya, titular del Tasso. Él y su socio Greco fueron las cabezas más visibles, junto al Sadem, del conglomerado que, tiempo atrás, dio el impulso inicial a la lucha por la creación del Régimen de Concertación Musical. En la Legislatura, el proyecto fue motorizado por los legisladores Inés Urdapilleta (peronista) y Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), ambos con mandato cumplido en la actualidad. Se sancionó el 19 de marzo de 2009 por unanimidad. Los diputados del PRO acompañaron la iniciativa que el Ejecutivo porteño todavía retacea. Al respecto, Urdapilleta, quien actualmente se desempeña como directora del Ente Autárquico del Teatro Colón, cuestiona ante NU que, por falta de reglamentación del Ejecutivo porteño, no se hayan podido destinar a la actividad musical independiente las partidas de dinero que, para ese fin, fueron incluidas por los legisladores en el Presupuesto de la Ciudad en dos años sucesivos. "El agravante es que están las normas y las actualizaciones de gasto previstas", apunta la ex legisladora.
Por su parte, la UMI, que al principio de la lucha estaba distanciada de la Camuvi y el Sadem, logró que, en 2008, el Tribunal Superior de Justicia declarara inconstitucionales varios requerimientos legales a la actividad musical. ?Se exigía que no hubiera más de cinco músicos en el escenario, que se presentara la programación un año por adelantado, que los shows se realizaran en una determinada franja horaria. Eso lo logramos parar?, señala Boris, ex titular de la UMI y actual presidente de la Fa-Mi. Hoy todos marchan unidos, con un objetivo en común. ?Que los músicos se junten de forma espontánea es maravilloso y me hace pensar que es posible una realidad nueva para nuestra actividad, que hoy está siendo atacada?, afirma, por su parte, Aldana.
El panorama actual es difícil. Con la caída de la industria del disco por las ?bajadas? de temas por internet, el principal medio de subsistencia de los músicos son los shows en vivo. Si se cierran espacios para tocar, se reducen las posibilidades de trabajo, y si los dueños de los locales ven peligrar sus finanzas, sólo tienden a contratar a los músicos más conocidos, en desmedro de los emergentes. El círculo vicioso se cierra con la precarización laboral de los músicos, quienes, finalmente, terminan tocando en lugares truchos en los que deben arriesgarse no sólo económicamente sino hacerse cargo de las consecuencias de la eventual falta de seguridad del lugar.
?Hay lugares donde a los músicos les cobran 400 pesos por tocar cuarenta minutos, ellos tienen que vender las entradas para recuperar la plata y encima, de la recaudación, el boliche se lleva la mitad, además de las consumiciones de la barra. Lo que se dice, un negocio redondo para empresarios sin escrúpulos. (…) Por suerte, hay un sector del empresariado que sí es responsable y es con ellos con los que impulsamos la nueva ley?, sentenciaba Ricardo Vernazza, una de las máximas autoridades del Sadem, en una nota titulada ?Silencio en la noche?, que publicó el semanario Noticias Urbanas el 29 de enero de 2009 y que reflejaba, por primera vez en los medios, la lucha por la ley de Concertación Musical.
LO QUIERO YA
En la Legislatura porteña, el diputado Julio Raffo (Proyecto Sur) presentó un proyecto de ley para obligar a Macri a reglamentar la Ley 3.022 en 60 días. La iniciativa le da al Gobierno porteño, además, un plazo de 30 días para poner en marcha la autoridad de aplicación que deberá otorgar los subsidios y créditos a los músicos independientes y a los clubes de música. La propuesta obtuvo el 16 de junio pasado el dictamen favorable de la comisión de Cultura. Tres legisladores del PRO acompañaron la iniciativa: Avelino Tamargo, Carmen Polledo y Patricio Di Stefano. Sólo el diputado Alejandro García pidió el archivo del expediente.
Cuando se escribía esta nota (la noche del miércoles pasado, sobre el cierre de la edición Nº 260 del Semanario Noticias Urbanas) se acababa de confirmar una reunión entre los representantes de los diferentes sectores de la actividad musical y el ministro Lombardi. Por ese motivo, el funcionario se disculpó, a través de su vocero, de realizar declaraciones previas a este medio. Luego del encuentro, el ministro anunció públicamente su compromiso para solucionar el problema. Sin embargo, los músicos y dueños de locales se mostraron desconfiados y volvieron a convocar a una nueva marcha para el lunes 4 de octubre, a las 13, con el objetivo de seguir presionando por la demorada aplicación de la ley.
?Seguramente nos van a prometer la pronta reglamentación, pero con eso no basta, porque ya lo hicieron en otra oportunidad y seguimos en veremos?, disparaba Greco, horas antes de la reunión con Lombardi. Sus palabras concordaban con las de Boris: ?Si no la reglamentaron en un año y medio, con una promesa no alcanza?. Y todos se juramentaban: ?A menos que nos den ya la ley reglamentada, nos van a tener de nuevo en la puerta el lunes que viene?. Y así va ser. Porque están dispuestos a hacer bailar a los abúlicos funcionarios porteños.
(NOTA ORIGINALMENTE PUBLICADA EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº260, DEL 30/09/10, ACTUALIZADA EL 02/10/10).
