Se realizó el martes en la Legislatura la Primera Jornada Multisectorial sobre Políticas Públicas en Discapacidad para debatir acerca del rol del Estado y las políticas públicas destinadas a las personas con capacidades especiales. El principal objetivo fue la búsqueda de activación de los convenios y las leyes vigentes -pero que no se cumplen- abocadas a los derechos de los discapacitados.
Al encuentro acudieron diversas asociaciones independientes y del Estado que se relacionan con el tema de la discapacidad. Allí se manejaron cifras alarmantes y en ascenso: existen en Argentina cerca de un millón de personas menores de 15 años con discapacidad, en tanto que la cifra total de personas asciende a los tres millones de argentinos, un 10 por ciento de la población total.
Las entidades que participaron de la jornada fueron la Comisión Nacional de Rehabilitación, la Comisión Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Servicio de Rehabilitación Psicofísico, las Defensorías del Pueblo nacional y local, la Secretaría de Desarrollo Social porteña, las fundaciones Asam, Ramos, Foro Pro, Discar y Faldad, la Secretaría de Transporte de la Nación, la Superintendencia de Servicios de Salud, las agrupaciones sindicales UOCRA, CTA y UPCN, y algunos diputados porteños.
"Es esencial que se multiplique la presencia de todas las organizaciones hoy presentes. La propuesta es debatir para construir y no para combatir, como es costumbre en estos días", expuso el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en la apertura del encuentro cuyo lema fue "Capacidades Diferentes, Políticas Indiferentes".
El diputado porteño Eduardo Valdés (Bloque Justicialista), que coordinó la jornada, sostuvo que tanto las leyes vigentes vinculadas a la problemática como las que en un futuro se instauren "deberán apuntar a la independencia de las personas con necesidades especiales", ya que los tutores que tienen a su cargo a jóvenes con necesidades especiales se preguntan quién cuidará de su hijo cuando ellos ya no estén, explicó Valdés.
Por su parte, Manuel Mazza, miembro del Comité de Discapacidad, reveló datos que definen la situación del sector de las personas discapacitadas. "En América Latina -y nuestro país está en esa tendencia- el 90 por ciento de la población discapacitada no tiene acceso a cobertura médica. En un futuro máximo de 5 años tendremos que hacernos cargo de generaciones enteras de chicos con necesidades especiales", afirmó Mazza.
"Sin presupuesto, todo lo que se diga es una gran mentira", sostuvo el padre Pablo Molero, perteneciente a Foro Pro. El religioso aseguró que "hay 6 meses de retraso en las partidas presupuestarias y en la entrega de medicamentos. Sumado a esto ya se había derogado el artículo 7 de la Ley de Cheques y en consecuencia, la posibilidad de lograr fondos genuinos para una atención integral (en educación, formación laboral y traslado). Se dejaron sin efecto 19 subprogramas de ayuda de un total de nueve programas. Hoy sólo quedan dos en pie", reveló Molero.
