El futuro cercano tiene de protagonista a una amenaza que amaga con un golpe tan letal como inesperado. Y el ingeniero lo sabe mejor que nadie. El porvenir le depara una jugada crucial, una partida a todo o nada, donde se puede salir chamuscado pero airoso o, en caso contrario, ver derrumbarse, en un instante, todos los sueños políticos. En los hechos concretos, la gestión se le presentó de una manera caprichosa y nada dócil, con consecuencias nada alentadoras. El songwriter canadiense de voz bellamente monocorde conocido como Leonard Cohen sintetiza mejor que nadie en una frase de la canción ?Todo el mundo sabe? el sentimiento que recorre las filas macristas, desde su líder máximo hasta el último de sus simpatizantes. ?Todo el mundo sabe que el sistema está podrido?, susurra sin el menor dejo de pérdida idílica el artista, por el contrario, las palabras son expresadas como si se tratara de una verdad de perogrullo. La rima rockera encaja a la perfección en la descripción del hipócrita mundo actual, pero es un pésima estrategia política. Ya que por apostar a la hipótesis de la teoría conspirativa, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y sus laderos más cercanos se encuentran ante una citación judicial para la cual nunca hubo una estrategia de defensa definida. Pero el futuro puede ser mucho más negro.
?El juez federal Norberto Oyarbide conoce bien su trabajo y no es de los magistrados que improvisan una resolución con fundamentos atados con un piolín. Si se sigue la pesquisa desde el inicio, los datos obtenidos por el juez tienen una dirección bastante unidireccional: Macri es el jefe de una asociación ilícita cuya estructura fue creada por la administración porteña para realizar tareas de espionaje a gran escala?, el letrado hace una pausa en su análisis de la causa para corroborar el impacto que la información produce en el interlocutor. Ante la requisitoria de que fundamente con más precisión su afirmación, el abogado se muestra confiado y aporta datos lógicos y de peso propio. ?Oyarbide, a través de sus fallos, consideró que las escuchas ilegales no eran obra de un funcionario solitario y descarriado que se había cortado solo, sino que, por el contrario, se trataba de una organización montada por las máximas autoridades del Gobierno porteño y que, por consecuencia, había una cadena de mandos en cuya cúspide se encontraba el Poder Ejecutivo local, que debido a la magnitud de las tareas que se realizaban, es ilógico pensar que desconocía los trabajos que sus subalternos llevaban a cabo. Por eso, el juez procesó a 13 personas, entre ellas al ex jefe de la Policía Metropolitana (PM), Jorge ?el Fino? Palacios, por el delito de integrar una asociación ilícita. Pero todavía faltaba el jefe de la misma, ya que el magistrado no consideró que el comisario fuera su líder. Lo dictado por Oyarbide fue avalado, a través de dos fallos, por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que además lo impulsaron a que encamine la investigación para dar con el jefe máximo de dicha asociación ilícita. Y si para finalizar, a todos estos datos, se le agrega la estrecha y añeja relación que mantienen Macri y Palacios, hecho que según el magistrado es clave para la causa, no es difícil suponer que Oyarbide crea que el jefe comunal lideraba la asociación ilícita y que lo procese por ello?, culminó ante Noticias Urbanas uno de los abogados que trabaja en la causa caratulada ?James, Ciro Gerardo y otros sobre intervención de las comunicaciones?.
EL HUEVO DE LA SERPIENTE
La afirmación sobre el futuro judicial del jefe porteño no es descabellada. ?Conociendo todo lo actuado por el magistrado, es muy poco factible que lo llame a declarar, con todo el significado político que el hecho representa, para procesarlo por un delito menor como sería el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Casi sería un papelón, algo ridículo, y Oyarbide no suele manejarse de esa manera. Si lo citó es porque tiene pruebas de peso en su contra y va sobre él. Eso está implícito en el cronograma de citaciones que deberán enfrentar, antes que Macri ?que está citado para el miércoles 28? el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro ?el miércoles 21 de abril?, y el ex ministro de Educación capitalino Mariano Narodowski, el jueves 22. Y en el tenor de las mismas, ya que los tres deberán prestar una declaración indagatoria, o sea en calidad de sospechosos de un presunto delito. El juez quiere tener todos los testimonios de los subalternos del Jefe de Gobierno, antes de que éste pase por el despacho ubicado en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro, para decidir su futuro?, explicó ante NU un abogado que patrocina a uno de los damnificados por las pinchaduras ilegales. Las diversas fuentes del caso coinciden en señalar que la situación judicial del ingeniero es complicada y, amparándose en el off the record, aseguran que la eventualidad de que sea procesado por asociación ilícita no es nada menor. Desde el comienzo de la causa este medio adelantó en exclusiva, cuando la posibilidad de que la pesquisa lo terminara involucrando seriamente no era tenida en cuenta por nadie, que Oyarbide creía en la responsabilidad política que tenía el jefe comunal en lo sucedido y que por eso lo terminaría citando.
En la nota publicada el jueves 19 de noviem bre de 2009, que tenía por título ?El iceberg macrista?, se adelantaba esta confesión: ?Van por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Hacia ese objetivo se encamina la pesquisa de Oyarbide y el dato que lo confirma es la indagatoria y detención de Palacios. Lo del llamado a indagatoria era previsible, pero el mantenerlo encerrado no tiene lógica, si no se tratara de mandar un mensaje hacia la esfera política de la administración porteña. La ecuación que realiza el magistrado es elemental; Palacios mantenía una antigua relación con el ingeniero desde hace años, y este último le había dado absoluta libertad para armar la nueva fuerza. O sea que para el Fino su superior era Macri y no el ministro Montenegro, que no tuvo nada que ver en la elección del líder de la institución que se estaba creando, y eso determinaba que el policía sólo le debía rendir cuentas de sus actuaciones al jefe comunal, sin pasar por ningún intermediario. O sea que si Palacios era el jefe de una estructura que se dedicaba, en gran escala, como cree la Justicia, a realizar escuchas ilegales a políticos, sindicalistas, empresarios y personalidades varias, el Jefe de Gobierno debería estar, como mínimo, enterado de algunos de estos hechos, debido a que el comisario era un subalterno suyo y debía darle precisiones de sus actividades. Siguiendo esta argumentación, lo más probable es que Oyarbide llame a indagatoria a Macri?. La confidencia la hizo un integrante del Poder Judicial que trabaja en Comodoro Py y cuya oficina está muy cerca de la del juez de la causa.
El tiempo demostró que el magistrado siguió esa línea investigativa para llegar al jefe comunal, considerando que existía una asociación ilícita montada para realizar tareas de inteligencia interior. Sin embargo, esa es sólo una parte de la pesquisa, que según el juez perjudicaría a Macri. Por la data obtenida por NU, Oyarbide, en los últimos meses, se dedicó a profundizar la investigación en torno a las escuchas clandestinas que sufrió el cuñado de Mauricio, Néstor Leonardo, ya que de ellas extrajo importantes pruebas que complicarían el futuro del Jefe de Gobierno.
?Las pinchaduras que sufrió Leonardo se efectuaron entre los meses de marzo y junio de 2008. El autor de las mismas fue el espía Ciro James, ex integrante de la Policía Federal, quien por esa época tendría un trabajo extra en la empresa de seguridad Security Consulting (ubicada en Maipú al 200) y cuyo propietario era Palacios. Para el magistrado, el buen trabajo realizado por James en la tarea que le fue encomendada fue el trampolín que lo llevó al Gobierno de la Ciudad. En síntesis, lo premiaron con un sueldo mensual de 6.500 pesos, al contratarlo el 30 de mayo de 2008 en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación porteño, que para ese entonces dirigía Mariano Narodowski. Y la prueba de que Macri tenía que ver con esas escuchas lo demuestra el correo electrónico que le dictó a su secretaria privada Ana Moschini, ella misma declaró ante Oyarbide que el texto se lo dictó el jefe comunal y el destinatario era su cuñado. En el escrito se pretendía que Leonardo dijera públicamente que su cuñado no había tenido nada que ver en las escuchas ilegales que sufrió?, detalló un hombre cercano a la causa al describirle a NU otra de las líneas investigativas que complican al ingeniero. El texto decía: ?Por medio de la presente comunicación quiero dejar escrito que en ningún momento he vinculado al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en presuntas acciones de espionaje contra mi persona durante la declaración testimonial que brindé ayer. Nunca pensé, declaré o denuncié que pudiera estar involucrado en acciones tendientes a vulnerar mi intimidad?. El último dato de relevancia que el magistrado tendrá en cuenta al indagar a Macri tiene como fecha clave el jueves 10 diciembre de 2009, día en que el líder de la agrupación judía de Familiares y Víctimas del Atentado a la sede de la AMIA, Sergio Burstein, le aseguró a la Agencia Judía de Noticias (AJN) que el Jefe de Gobierno porteño ?sabía? que estaba siendo escuchado ilegalmente, una maniobra que ejecutó James por orden de Palacios, de cuyo nombramiento al frente de la nueva fuerza Burstein fue uno de sus más férreos opositores, por acusarlo de entorpecer el esclarecimiento del ataque contra la mutual judía.
Las aseveraciones de Burstein dejaron mal parado al Jefe de Gobierno: ?Estoy convencido de que Macri sabía lo que estaba pasando con James y Palacios, y tenía el poder de veto. Quien calla otorga y quien guarda silencio está permitiendo que ocurra. El jefe comunal tendrá que responder por lo que sea ante la Justicia, y si dentro del Gobierno de la Ciudad había una SIDE paralela y nadie se hace cargo, es más que preocupante?.
El desmanejo operativo y financiero que había creado el Fino Palacios en la Policía Metropolitana fueron uno de los tantos problemas que sacaron a flote y con éxito un grupo de silenciosos civiles, que integran la directora general Administrativa y Legal, Cecilia Marcela Aun; el director general de Administración de Recursos Humanos, Ignacio Gustavo Greco; el director general de Suministros, Carlos Fabián Etcheverrigaray, y el director general de Infraestructura, Leonardo Spataro. Ese grupo trabaja para Montenegro y tiene lazos con el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Pero el daño anterior había sido demasiado grave y nadie mejor que Macri para corroborarlo. Los errores trajeron consecuencias imprevisibles y la peor muestra es la citación judicial, que podría destruir como a un castillo de naipes el porvenir político del ingeniero.
(NOTA ORIGINALMENTE PUBLICADA EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 235, DEL 08/04/10).
