En contadas excepciones pierde la calma y se maneja con la frialdad que la razón le impone para llevar a cabo su trabajo. Esa práctica laboral se ve reflejada en la causa judicial caratulada ?James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos?, que se tramita en el Juzgado Federal Nº 7.
Estas particularidades de carácter son claves para entender las movidas que Norberto Oyarbide emprende en el caso del espionaje porteño. Y a eso se suma un dato nada menor: es el único que maneja los tiempos de la investigación, sólo él decide cuándo finaliza la etapa de instrucción del expediente y se inicia el camino que lleva al juicio oral. Este dato define de manera absoluta la estrategia de defensa de los abogados del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, quien se encuentra procesado en la causa por un fallo de primera instancia que luego fue confirmado por la Cámara Federal porteña.
Un colaborador cercano de Oyarbide leyó con atención la nota titulada ?El plan para ir al banquillo? que este semanario públicó en su edición anterior. En ella los letrados que defienden a Macri señalaron que el futuro tribunal oral ?desacreditará? el cargo de asociación ilícita con el cual fue imputado su defendido, ya que para ellos no existen pruebas de esa acusación.
Para reafirmar sus palabras, los abogados Santiago Feder y Ricardo Rosental vuelven a mencionar el fallo que dio a conocer el 2 de agosto uno de los tres integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, la camarista Liliana Catucci, que al referirse al procesamiento, por el mismo delito, del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge ?el Fino? Palacios, que se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz, afirmó que en el expediente no hay pruebas que avalen tal acusación.
Por eso, Feder y Rosental llegan a la conclusión de que Oyarbide ?hace tiempo? para retardar el cierre de la pesquisa y alargar el comienzo del juicio oral, que según ellos demostrará que lo hecho por el magistrado es un ?armado político?. Por último, y para fundamentar la aseveración de que el juez está alargando el final de la pesquisa, citan el dictamen de la Cámara de Casación contra Palacios, que en este caso fue firmado por los tres integrantes del cuerpo: Catucci, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, quienes le recomendaron a Oyarbide que finalice la instrucción, al afirmar en una parte de la resolución: ?Es necesario que el magistrado a cargo de la investigación reúna a la brevedad toda la prueba no producida y la encamine hacia la próxima etapa procesal?.
Luego de analizar los argumentos del macrismo, el colaborador del juez se encargó de desmentir a NU los dichos de la defensa y subió la apuesta al informar sobre las nuevas medidas que realizará su jefe, a las que calificó como ?nada favorables? a Macri. ?Oyarbide no cree que se deba cerrar la etapa de recolección de pruebas, ya que todavía se deben analizar varias cuestiones importantes. Y si, según los letrados de Macri, la investigación se retrasa, es porque parte de la culpa la tienen las autoridades del Gobierno porteño, que inexplicablemente demoraron en informar sobre los números de los teléfonos fijos y móviles que utiliza y utilizó en los dos últimos años el jefe comunal. A pesar de que el juez se los solicitó a través de un pedido judicial, que realizó el 19 de mayo, el macrismo esperó hasta el 12 de agosto para responder, informando sobre el número del celular que Mauricio utiliza en la actualidad, omitiendo el resto de la data pedida por el magistrado. El aporte del celular fue determinante para conocer que existieron, en principio, nueve comunicaciones entre Macri y Palacios en 2009 y que siete de ellas se produjeron cuando el ex comisario era el jefe de la Metropolitana. Llamadas que Mauricio negó al declarar en la causa. Aún resta entrecruzar muchos más datos y ése es uno de los trabajos actuales del Juzgado?, le contestó el letrado a NU al dar a conocer las próximas movidas de Oyarbide.
Pero todavía hay más. La labor del juez no sólo se centra en el entrecruzamiento de líneas telefónicas; en las próximas semanas, el magistrado también tomará nuevas declaraciones testimoniales. Según la información obtenida por este medio, en algunos casos se tratará de personas que ya pasaron por los tribunales federales de Comodoro Py y deberán ampliar sus dichos. A ellos se agregarán personas que nunca fueron citadas.
?Oyarbide estudia muy seriamente la posibilidad de indagar a Franco Macri y a Richard Ford, el representante para Sudamérica de la empresa Ackerman Group, compañía que Franco tiene contratada para brindarle seguridad a su familia?, le reveló a NU un abogado que trabaja en la causa. El caso de Ford, un estadounidense que integró el FBI y que además mantuvo una buena relación con el Fino cuando éste era el jefe del Departamento Unidad de Inteligencia Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, es considerado fundamental por el magistrado, ya que según él, Ford como responsable de Ackerman recibió la orden de Franco de intervenir clandestinamente el teléfono de Néstor Leonardo, el cuñado de Mauricio.
Siguiendo esta línea de investigación, Ford no quiso involucrar a su compañía en un problema estrictamente familiar y de negocios y habría ?recomendado? al ex miembro de la Federal, Ciro James, para la tarea. Otro dato que apunta al ex FBI lo aportó en sede judicial el propio Leonardo, quien al ser interrogado sobre la persona que podría haber realizado la intervención clandestina contra su línea, involucró a Ford en la maniobra.
En referencia a la empresa Akckerman, el magistrado ya había solicitado el 3 de agosto un pedido de informes a la compañía para conocer su participación en el espionaje contra el cuñado de Mauricio. La situación del espía porteño y Macri en el caso de la pinchadura que sufrió Leonardo se complicó en los últimos meses, debido a que los datos entregados por la empresa Nextel sobre la ubicación del celular de James ?permitieron hacer la triangulación de una comunicación de dicho celular que estaba quieto o desplazándose a muy baja velocidad en la esquina de Libertador y Tagle, donde vivía Mauricio Macri, el 27 de agosto de 2008 a las 23.05?.
La teoría de Oyarbide indica que Ford y Palacios recomendaron a James a Franco y Mauricio y éste se encargo de intervenir su teléfono. Por el buen trabajo realizado, el jefe comunal premió al espía con un contrato en el Ministerio de Educación porteño, lugar donde se desempeñó durante un año y medio. A eso se agrega la versión judicial de James, quien reconoció ante el juez haber realizado las pinchaduras, aunque aclaró que las había hecho por su cuenta, sin que lo mandara nadie. Este testimonio es ?poco creíble? para el magistrado, ya que el ex federal tenía una empresa de seguridad y no trabajaba gratis para nadie.
Estos datos son los que determinarían las indagatorias de Franco y Ford, ya que para el juez tienen información clave que acreditaría la culpabilidad del jefe comunal en el espionaje. Y Oyarbide ya los puso bajo la mira.
