Bajo el argumentó de que el presupuesto del Gobierno de la Ciudad está siendo utilizado con fines políticos, el abogado Gustavo Soler, realizó días atrás una denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Cristian Caram, y el director adjunto del Teatro Colón, Pablo Batalla.
Este jueves, luego de realizar la ratificación de la denuncia inicial, Soler dialogó en exclusivo con NOTICIAS URBANAS e informó que tiene conocimiento que hay "entre 17.000 y 20.000 contratos que habrían salido de Tesorería General para comprar voluntades en las próximas elecciones internas de la Unión Cívica Radical".
El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la agrupación Bases y Principios para el Cambio Social, sostuvo que a los beneficiarios no se les asignará un puesto dentro del Estado, sino que serán ñoquis. Además expresó que la distribución de las "dádivas" se realizó mediante el sistema de parroquias y que la circunscripciones 20º y la 22º, fueron las que más apoyo tuvieron.
En la causa judicial, que recayó en el Juzgado Federal Nº 10 -a cargo de Juan José Galeano-, Secretaria Nº 21, se investiga la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y daño -porque el denunciante considera que se ejerce un perjuicio al presupuesto de la Ciudad.
En tanto, Soler pidió que se realice una auditoría que investigue las irregularidades y que la Secretaria de Inteligencia Del Estado (SIDE) elabore un informe a partir de escuchas telefónicas a Ibarra y a Caram, como así también a todos sus asesores más cercanos. Además, a través de un escrito, el abogado radical reclamó a la Justicia que disponga el inmediato secuestro de todos los contratos.
Las acusaciones también llegan al secretario de Cultura porteño, Jorge Telerman, porque el denunciante considera que, fundamentalmente a través del Teatro Colón, se están utilizando indebidamente fondos públicos. Se trata de 123.000 dólares que la dirección del primer coliseo argentino gastaría mensualmente en contratos en asesores culturales.
"En la acción judicial incluí un articulo de La Nación que describe como tres chicos mueren en la Capital Federal de inanición, porque considero que hay que darle la magnitud que se merece al asunto. No puede ser que esta gente se apropie del Estado para perpetuarse en el Poder. Tampoco se puede permitir que, pese a que la Constitución dice que todos somos iguales ante la Ley, se compren las voluntades y que con la utilización de los fondos públicos se desequilibre la balanza", concluyó Soler.
