El domingo 27 de octubre último, María Marta García Belsunce, de 50 años, fue hallada muerta, con su cabeza dentro de la bañera de su casa del country Carmel. Si bien dos médicos dictaminaron que la mujer falleció como consecuencia de un fuerte golpe que tenía en la cabeza, la familia concretó una autopsia que determinó "cinco disparos de revólver calibre 32 cuyas municiones quedaron alojadas en el cráneo". Por las anomalías detectadas en el certificado médico de la defunción, el director General del Registro Civil porteño, Félix Pelliza, realizó una denuncia penal por el presunto delito de falsedad ideológica de instrumento público.
Como se sabe, el doctor Juan Carlos March firmó el certificado de la defunción de María Marta García Belsunce. Allí se afirma que la muerte ocurrió en la Capital Federal, cuando en realidad se produjo en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, según lo difundido por diversos medios de comunicación. Asimismo certificó como causa del fallecimiento un "paro cardiorrespiratorio no traumático e insuficiencia cardíaca aguda", cuando en realidad hubo una causa traumática que ocasionó la muerte, por lo que debería haber intervenido la morgue judicial.
Como medida complementaria a la denuncia penal, Pelliza dispuso suspender preventivamente del Registro de firmas Médicas a March, decisión ésta revocable solamente por orden judicial, y ordenó la microfilmación de toda prueba documental relacionada con el caso
El médico involucrado ha sido investigado por el Registro Civil en otras oportunidades. Cabe destacar que durante el año 2000 se promovió una denuncia penal radicada en el Juzgado N° 48, Secretaría 145, causa N° 64.087/00 contra el Dr. March. Pero éste fue sobreseído por falta de mérito el 17/10/01. En el 2001, ante reiteradas irregularidades detectadas en la Central de Defunciones, se procedió a su intervención, se realizó una auditoría interna, se dispuso que dependiera de la Dirección Operativa y se nombró al Dr. Lanús como director.
GIORNO HABÍA DENUNCIADO IRREGULARIDADES EN LAS INHUMACIONES
Por su parte el diputado porteño Jorge Giorno (Partido de la Ciudad) había presentado en septiembre pasado un urgente pedido de informes al Poder Ejecutivo local -que hasta la fecha no fue tratado en Comisión-, a raíz de una denuncia efectuada por un vecino de esta Ciudad ante la Dirección General de Cementerios, relacionada con irregularidades en un servicio de inhumaciones llevado a cabo el 5 de agosto pasado.
El diputado vaticinó en esa oportunidad que "las graves irregularidades del servicio fúnebre de la Ciudad permitirían que tras una inhumación se oculte un asesinato", como lo que ha ocurrido aparentemente en el caso de la vicepresidenta de Missing Children, María Marta García Belsunce.
"¿Qué hubiera ocurrido si la familia hubiera decidido realizar una cremación?. Seguramente no hubiera sido posible detectar la verdadera causa de la muerte y por lo tanto se hubiera ocultado un crimen", concluyó Giorno.
El pedido de informes del legislador incluye, entre las irregularidades del caso que lo motivó, que el denunciante había contratado los servicios de la empresa fúnebre "Luis Tarulla", que le extendió el recibo correspondiente por esos servicios. Sin embargo, el denunciante luego se encontró, en el momento de la inhumación, con que la empresa encargada de este trámite era otra distinta, que no conocía y que no había contratado, llamada "P. Bruno", lo cual lo llevó a tener serias dudas al respecto.
El diputado había solicitado a la Dirección General de Cementerios un detalle de los procedimientos que se llevan a cabo con el fin de certificar si la identidad de la persona fallecida se corresponde con la que figura en la correspondiente licencia de inhumación y demás documentación presentada por la empresa encargada del servicio, ya que "no hay coherencia entre la cantidad de empresas que figuran en los registros y las firmas que publicitan los servicios fúnebres", destaca el pedido de informes del legislador.
