En la noche del pasado jueves, la Legislatura porteña aprobó la creación de una comisión investigadora especial que tendrá como objetivo estudiar las responsabilidades políticas del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, ante los hechos de espionaje denunciados en la causa por escuchas ilegales que investiga el juez federal Norberto Oyarbide. Tras un extenso debate, el Parlamento aprobó la conformación de una comisión integrada por 17 miembros de los cuales 12 serán representantes de los bloques opositores y 5 del oficialismo. Insatisfecho y molesto por el resultado obtenido, el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, afirmó que ?todo lo parecido a un golpe institucional se dio ayer?.
?Nosotros planteamos que la comisión tenía que tener un objeto distinto, abordar líneas que no investigó Oyarbide. En el caso de los plazos, queríamos plazos similares a los que tiene la comisión de juicio político, y en relación a la proporcionalidad, pedimos el 40 por ciento de la comisión, que es lo que tiene el PRO dentro de la Legislatura?, describió el legislador por radio El Mundo.
Y remarcó: ?Estamos pidiendo algo tan normal como que se respete la proporción que tenemos. Cuando en una comisión, los tiempos se hacen hasta el 15 de diciembre, y cuando la proporcionalidad no es respetada, se sabe que vamos a tener un pelotón de fusilamiento?.
Tras mencionar que ?una diputada dijo que teníamos que ir pensando que tal vez el Gobierno lo termine gobernando un diputado de la oposición", Ritondo señaló que existirían posibilidades de que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad no se sometan a brindar testimonio ante una comisión con mayoría opositora donde el oficialismo se encuentra debilitado.
?No creo que haya condiciones para que Macri o algún funcionario vaya a declarar a la comisión ‘fusiladora?. Para qué vamos a participar si no están dadas las garantías", dijo.
En el oficialismo se estudia recurrir a la justicia para que se respete en la integración de la comisión la representación de los partidos y alianzas de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Constitución de la Ciudad, y no los bloques, como se resolvió en el recinto porteño.
