REW. Mi pasado me condena. La causa nació en 1998 y fue radicada en el Juzgado de Instrucción Número 19, secretaría 157. El expediente salió a la luz cuando se conoció el famoso video del juez federal Norberto Oyarbide, quien fue filmado en un local donde se ejercía la prostitución masculina, de nombre Spartacus, ubicado en el segundo piso de Agüero 1916. En la causa judicial se afirmaba que Raúl Martins manejaba una gran cantidad de boliches en donde mujeres de variada edad ejercían la prostitución y el propio Martins admitió en el expediente que se dedicaba a dicha actividad.
El proxeneta local se vio en la obligación de confesar su actividad luego de que Sandro Fabio Ossipoff declarara ante la Justicia y lo acusara de tal actividad ilegal. Este testimonio no fue el único. También declaró una mujer que ejerció la prostitución en uno de los locales de Martins. Uno de los datos más sorprendentes que se revelaron en el sumario sacó a la luz que el acusado era un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en actividad. El dato no era nada menor ya que el propio espía manifestó mantener una buena relación con Oyarbide.
Pero todavía había lugar para más sorpresas. Los investigadores descubrieron que Martins controlaba casi la mitad de los locales dedicados a la prostitución en la Capital Federal, y la otra mitad era manejada por Carlos Alberto Percivalle, un hombre con importantes contactos en la cúpula de la Policía Federal. El nombre de esta persona volvió a poner en el centro de la escena a Oyarbide, ya que se acreditó en la causa que el magistrado fue el padrino de bautismo del hijo de Percivalle. Según lo confirma el acta bautismal, Jean Carlos Percivalle, nacido el 14 de octubre de 1996, cuyos padres son Percivalle y Graciela Franco, fue bautizado el 18 de octubre de 1997 en la iglesia María Auxiliadora, ubicada en Quintino Bocayuva 144, y los padrinos fueron Norberto Oyarbide y Alejandra Franco Chena. Para más detalles, el párroco que bautizó al menor fue el padre Jorge Casanova.
Sin embargo, esa no fue la única denuncia judicial que se presentó ese año. En la Fiscalía Nº 4 en lo Correccional a cargo de Daniel Rodolfo Pablovsky, se tramitó el sumario Nº 28.252 con intervención del Juzgado Correccional Nº 5, secretaría 75, por la denuncia de Elizabeth Verón de Ranelli (ex pareja de Percivalle). Se investigó la explotación de cuatro prostíbulos: Staff (Pueyrredón 1216), La Saisson (Pueyrredón 1066), Acrópolis (Venezuela 3564) y Partenaire (Santa Fe 1130), que supuestamente eran manejados por Carlos Percivalle, el padre del ahijado del juez federal.
Como si faltaran pruebas para relacionar a Oyarbide en la cobertura a los proxenetas, en 1998 hizo una irrupción mediática Luciano Garbellano, quien se presentó como dueño de Spartacus y muy suelto de cuerpo aseguró que ?cada 15 días le pagaba al magistrado 15 mil dólares? en concepto de protección. ?Eran ganancias de Spartacus que yo las compartía con él. Oyarbide juntaba 60 mil dólares al mes entre todos los prostíbulos. Solamente yo, le di 420 mil en los últimos cuatro años. No había otro Spartacus de esta magnitud?, manifestó en aquella oportunidad Garbellano.
Por esa investigación judicial debió renunciar el comisario de la Federal, Norberto Rosa, quien estaba encargado de combatir el proxenetismo en la Ciudad. Rosa tenía un pasado como represor durante la última dictadura militar y una estrecha relación con Oyarbide. Garbellano confirmó dicha relación: ?Yo nunca le di nada a Rosa. Si Oyarbide le daba plata es otra cosa. Yo le daba plata a Oyarbide y él arreglaba con Rosa. Así fue cómo ocurrió?, reveló el exdueño de Spartacus.
En resumen, en el expediente se señalaba que el juez federal tenía vínculos muy estrechos con los dos hombres que manejaban la mayor parte de los boliches porteños en donde se ejercía la prostitución y que, además, le brindaba protección a cambio de dinero. La denuncia motivó que se creará una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la cual tuvo entre sus miembros a la por entonces legisladora del Frepaso, Nilda Garré.
A pesar de las pruebas en su contra, el gobierno de Carlos Menem salvó a Oyarbide y este se mantuvo en el Juzgado Federal Nº 5. La causa se diluyó con el paso del tiempo, sin que Martins ni Percivalle fueran condenados, con lo cual ambos continuaron con su actividad comercial.
PLAY. El regreso de la causa de la mala memoria. Enero de 2012, el jueves 19, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, recibió en su despacho a Lorena Martins, quien días atrás había denunciado públicamente y ante la Justicia a su padre, Raúl, por presunto proxenetismo y vínculos con el negocio de la prostitución, y a varios jefes de la Federal. La mujer teme por su integridad física y por eso, al iniciar estas denuncias, el Ministerio de Seguridad le dio a Martins custodia personal de Gendarmería e inició una serie de investigaciones para determinar la responsabilidad de varios comisarios y subcomisarios, los cuales sumaban casi un centenar.
En ese sentido, hay seis comisarios y quince subcomisarios investigados, de doce seccionales porteñas, pertenecientes a seis de las ocho circunscripciones de la Capital Federal. Garré dispuso el despliegue de más de 400 gendarmes y 200 hombres de Prefectura para realizar allanamientos en más de 40 boliches. En dicha causa, la jueza María Servini de Cubría recientemente dictó el procesamiento de uno de los dueños de los locales Kit Kat, Keops y Clasic Airish Pub (ex-Kiss) y de su hijo por el delito de trata de personas.
Luego del encuentro con Garré, Lorena manifestó: ?Sentí el apoyo de la ministra?. En la reunión, Lorena aseguró que Oyarbide es amigo de su padre. ?El juez estuvo en mi casamiento y en el de mi hermano. Es amigo de mi padre. No puede ser que a él le caiga la causa?, señaló, y agregó que su padre sobornó a funcionarios de la administración macrista para que hagan la vista gorda con sus locales, en los que presuntamente se desarrolla la prostitución. ?A partir de las declaraciones de Lorena Martins, que identificó por apodos a los policías que presuntamente cobraron coimas de los prostíbulos, se inició una investigación interna para establecer a quiénes corresponden esos apodos e identificarlos?, argumentó un colaborador de Garré, quien le explicó a NU los pasos futuros que dará el Ministerio de Seguridad en el tema.
La actual celeridad de la ministra es una buena señal, pero no deja de sorprender, ya que a pesar de conocer las pruebas judiciales que existían contra Martins, Percivalle, altos miembros de la Federal y el juez Oyarbide desde 1998 (por haber integrado una comisión de Diputados creada por la acusación), la funcionaria K no aclaró ni antes ni después de reunirse con Lorena que estuvo involucrada en la investigación. Dando lugar a las versiones que aseguran que la reaparición del caso fue motivada por una interna entre sectores de la SIDE y la Federal, que pelean por manejar el millonario negocio de la prostitución.
Si la actividad de Martins se conocía desde hacía 14 años y su relación con Oyarbide también, ¿por qué no se actuó antes y se siguió avalando las decisiones judiciales de un magistrado que acumulaba probadas irregularidades en su contra? La respuesta solo la tienen los padrinos políticos que salvaron al juez en 1998 y los que lo mantuvieron en su cargo hasta ahora.
