Hay una condición sine qua non, incluso perceptible desde el sentido común, que el funcionamiento de los medios cumple. Se trata de una especie de lógica de articulación de los temas que forman parte, justamente, de la agenda mediática.
Ahora bien, ¿articulación con qué? Cuando algo se hace público y es muy debatido, es porque detrás, indefectiblemente, hay algún interés: económico, político, social, religioso. Da igual, aunque suelen destacarse los dos primeros. Pero más el primero.
Desde hace poco más de dos años las cuestiones referidas al patrimonio arquitectónico de la Ciudad cobraron, de repente, una gran importancia mediática. Debajo de cada piedra salen profesionales, especialistas y los opinadores de siempre, que hablan de rescate patrimonial.
Mientras, el Gobierno elabora estrategias sobre la fusión cultura/turismo. Pero también los vecinos salen al ataque, dejando el cómodo lugar de ver cómo pasan las cosas ante sus ojos. Eso sí: cuando el boomerang viene torcido, enseguida argumentan ?nosotros no tenemos nada que ver?. De todas maneras, con la potencia de las redes sociales, surgen organizaciones como Basta de Demoler o San Telmo Protege, entre muchas otras.
La Legislatura, por su parte, aprobó leyes que significaron la catalogación de 837 edificios y la creación y/o reglamentación de 26 nuevas Áreas de Protección Histórica, como lo explica a NU el especialista en Patrimonio, Facundo de Almeida. Pero también se dio lugar a una normativa marco, como la Ley 3056/09, que estipula que todo edificio construido antes de 1941 es patrimonio histórico, lo cual significa que no se lo puede modificar. La ley antecesora, fue la 2048/08.
Pero hay un proyecto de ley presentado en la Legislatura por la ex diputada Teresa de Anchorena, denominada Ley de Compensación de FOT (Factor de Ocupación del Terreno) que, mediante una modificación del Código de Planeamiento Urbano, permite la transferencia de la capacidad constructiva en cualquier punto de la Ciudad (hay una iniciativa similar de Juan Cabandié, pero restringe la construcción a la zona sur).
Todo parece indicar que hay consenso para que la propuesta se apruebe este año. Así, se potenciaría el mercado inmobiliario de la Ciudad, generando un negocio en el que todos, llámese gobierno, empresa constructora u ONG, quieren morder.
Un ejemplo. ?En una zona residencial tenemos un terreno que tiene 100 m2, de los cuales 80 están construidos. Este terreno tiene un potencial de construcción de 300 m2, pero si sobre el predio cae una catalogación, es decir, se lo protege para evitar su transformación, se congela todo, y quedan 280 m2 sin utilizar.
Con la ley de Anchorena, esos metros sin usar se van a transformar en bonos canjeables mediante el Banco Ciudad?, explica a NU un arquitecto que trabaja en la Ciudad y conoce al dedillo la mecánica patrimonial. Y agrega: ?Pensemos en cómo impacta esto en el mercado: una empresa constructora compra esos bonos y acumula metros cuadrados para construir donde quiera, en cualquier lugar de la Ciudad. Imaginate el potencial de reventa?.
Si a esto le sumamos el valor de los metros cuadrados en los diferentes puntos de la Ciudad, el negocio va tomando forma. Redonda. Según se dio a conocer, en Puerto Madero el valor del metro cuadrado va de 3.300 a 4.800 pesos; de Palermo a Recoleta, de 1.900 a 5.000, siempre en departamentos a estrenar (según zonas). En barrios más alejados, como Liniers, el valor es de 1.100 a 1.300 pesos el metro cuadrado.
SINGULAR VS. PLURAL
El factor eminentemente económico que se desprende de lo expuesto no le resta valor simbólico o cultural a la protección de un edificio ?histórico?. En este punto, Santiago Pusso, de Basta de Demoler, explica a este semanario los reclamos. ?La implementación de la Ley 3.056 por parte del Poder Ejecutivo está permitiendo demoler edificios de valor que en otras ciudades del mundo se protegerían. En este sentido, los dictámenes del CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales), el organismo que evalúa cada edificio, dicen en su gran mayoría que no es necesario protegerlos. Hemos solicitado tener acceso a la información sobre los dictámenes del CAAP (lo que se ha protegido y lo que se permitió demoler), pero no hemos tenido respuesta. Si divulgamos estadísticas con lo que está sucediendo, sería un escándalo.?
De Almeida, por su lado, apunta a la autoridad de aplicación: ?Es preciso establecer claramente quién es la autoridad de aplicación en materia de preservación del patrimonio ?hoy existen competencias cruzadas ente el Ministerio de Cultura y el de Desarrollo Urbano? y que ésta tenga la clara voluntad de tomar medidas concretas para protegerlo. Otra deuda es la aplicación de sanciones a quienes demuelen edificios sin permiso, ya que se ha vencido hace seis años el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley que establezca el régimen de penalidades que ordena la Ley de Patrimonio Cultural?.
Además, sostiene de Almeida, magíster en Gestión Cultural y ex asesor de Teresa de Anchorena: ?Tal vez el camino sea la sanción de un Código de Patrimonio Arquitectónico que unifique las normas, fije sanciones y promueva estímulos fiscales y económicos que hagan sustentable el patrimonio edificado?.
Una de las definiciones tradicionales de la palabra patrimonio, refiere a lo excepcional. Entonces, si todo es patrimonio, nada es patrimonio. En esa discusión están los funcionarios de la Ciudad, los arquitectos, los especialistas, los vecinos y sus ONG. El recurso del rescate patrimonial se diluye si se aplica a todo. Eso sí, cuanto más se proteja, más metros cuadrados quedarán libres. Y más ceros sumará el negocio.
La pertinencia de proteger
Por Silvina Pedreira (Legisladora del Bloque Peronista)
Definir los criterios necesarios para operar sobre la Ciudad no es tarea sencilla. Implica tomar posición entre diferentes intereses contrapuestos y poner por encima de ellos la noción del bien común. Esa tarea exige de nosotros, los representantes de la ciudadanía, una actitud ecuánime, es decir, no identificada de manera excluyente con ninguno de los diferentes agentes con intereses particulares.
Creo que algunos temas deben ser discutidos de manera imperativa. En un contexto de desaceleración de la industria de la construcción, la generación de obras de restauración y puesta en valor dentro de la Ciudad podría actuar como un factor de dinamización de la economía urbana. Algunas áreas deprimidas dentro de Buenos Aires, pero de gran valor desde el punto de vista urbano ambiental, pueden ser objeto de intervenciones en las cuales la iniciativa privada y las políticas públicas actúen mancomunadamente. Sería interesante dar la discusión acerca de la pertinencia o no de proteger algunos tipos o tipologías de edificación, característicos de Buenos Aires. Por ejemplo, el tipo de vivienda conocido como petit hotel. Buenos Aires ha asistido a la desaparición de muchos ejemplos de este tipo de vivienda, algunos de ellos de gran valor arquitectónico y aptos para ser reciclados. Seguramente, no todos los petit hoteles merecen ser preservados, pero algunos que fueron demolidos han sido reemplazados por construcciones que no igualan en calidad ni en sus cualidades a las preexistentes.
Ninguna ciudad de las que han consolidado una fisonomía urbana distintiva, lo ha hecho sin darle importancia a su cultura y a sus tradiciones constructivas. Sin una perspectiva histórica, capaz de valorizar las marcas que les dan identidad, México, Londres o Estambul, no serían posibles.
