La derogación dispuesta por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, del decreto 1620 del año 2003, en el que se estableció un procedimiento para la designación de las máximas autoridades del Poder Judicial de la Ciudad que incluía una serie de mecanismos previos a la votación en la Legislatura de las candidaturas propuestas por el Ejecutivo local, recibió el rechazo de diversas asociaciones civiles y de legisladores de la oposición.
Este miércoles, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Colectivo Para la Diversidad (COPADI), la FARN, el ODH (Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires) y Poder Ciudadano presentaron una carta al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en la que expresan su preocupación por la firma del Decreto 713/10, que derogó la normativa que regulaba el procedimiento para la propuesta de candidatos a jueces del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor General y Asesor General Tutelar.
En la misiva, las asociaciones expresaron que ?la implementación del Decreto 1620 en 2003 había constituido un destacado avance en dirección a fortalecer y legitimar tanto el sistema de justicia como la propia vida política e institucional de la ciudad?.
?Sin embargo, el Ejecutivo porteño consideró que la normativa representaba un obstáculo para las designaciones y decidió derogarla. Para las organizaciones esta decisión ?constituye un fuerte retroceso?, en tanto ?comprometerá la legitimidad de quienes ocupen futuras vacantes, será un precedente regresivo en el camino de fortalecer el sistema democrático de la Ciudad, y ocasionará un fuerte e injustificado impacto negativo en la legitimidad del Poder Judicial?, expresaron mediante un comunicado de prensa.
La carta, fue recibida por el Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniel Presti, quien se comprometió a evaluar los planteos realizados.
Pero en la Legislatura, la derogación también sumó rechazos. Los legisladores del bloque Proyecto Sur, Rafael Gentili y Fabio Basteiro, presentaron un proyecto manifestando su preocupación la derogación.
?¿Qué diría el Jefe de Gobierno porteño si el Gobierno Nacional hiciera lo mismo con el Decreto Nacional 222/03, que va en igual sentido que el derogado por Macri?. La búsqueda de la calidad institucional requiere de coherencia y no debe estar presa de las conveniencias y vaivenes propios de la gestión política?, remarcó Gentili.
Por su parte, Fabio Basteiro, presidente del Bloque Proyecto Sur, expresó: ?Exigimos mecanismos transparentes de participación ciudadana en pos de garantizar calidad institucional. Esta derogación impuesta por Macri bloquea la transparencia en los nombramientos y obstaculiza el canal de participación necesaria en toda sociedad democrática?.
