Ante las numerosas denuncias realizadas por algunos de vecinos de San Telmo y del ex Patronato de la Infancia (PADELAI) sobre presuntas agresiones sufridas de parte de la persona asignada por la Unidad Ejecutora Nº 3, Alicia Vasconcellos -encargada del traslado de los ocupantes del edificio-, y de las condiciones deficientes de salubridad y habitalidad del predio, la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña dio despacho de mayoría un pedido de informes al Gobierno porteño.
El despacho de la comisión que preside la diputada justicialista Alicia Pierini establece que el Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura qué incluye el Plan de Acción que tiene previsto la Unidad Ejecutora y en qué etapa de cumplimiento se encuentra, cuál es su presupuesto de este año y cuáles tuvo durante los años 2000 y 2001, si los ejecutó y qué porcentaje lleva ejecutado en el primer semestre del 2002.
También se solicita información con respecto a las medidas que se tomaron en relación con el estado sanitario, el agua corriente, el estado de las cloacas, la seguridad de las instalaciones eléctricas, la limpieza del predio y la prevención de accidentes por el estado de los techos, árboles y chimenea. Por otro lado, se pregunta qué actitudes tomó el Ejecutivo a partir de las denuncias presentadas por los vecinos del ex PADELAI, qué cantidad de personal asignado tiene la Unidad Ejecutora y cuál es la remuneración que percibe cada empleado, incluido el sueldo de la coordinadora.
Este pedido de informes, presentado por la diputada Delia Bisutti (ARI), surgió a partir de una visita al ex PADELAI que realizaron los legisladores Alicia Pierini (PJ), Lía Méndez (PH) e Irma Gerch (UCR) -todos miembros de la Comisión de Derechos Humanos-, la Presidenta de la comisión de Vivienda, diputada Silvia Gottero (PJ), varios asesores de otros legisladores y las directoras de ambas comisiones.
En el transcurso de esta visita los habitantes del PADELAI informaron a los diputados que, por amenazas recibidas, habían denunciado en varios organismos a Alicia Vasconcellos y al personal policial que, a requerimiento de la coordinadora, controla el ingreso y egreso de personas y objetos sin haber justificado motivos.
Los legisladores aseguraron que durante el recorrido se comprobó en forma directa las aguas servidas, techos precarios, árbol y chimenea con deficiente estabilidad, peligrosas instalaciones eléctricas al descubierto, suciedad y basura sin recoger, y sobre todo un clima humano conflictivo personalizado contra Vasconcellos y sus colaboradores más cercanos.
PIDEN CITAR A VASCONCELLOS
"La problemática del ex PADELAI no es una problemática nueva, como tampoco lo son nuevos los padecimientos a los que diariamente se ven expuestas las más de 60 familias que están alojadas en el mismo", aseguró Bisutti. La diputada del ARI, conjuntamente con los diputados Roy Cortina (PSP) y Beatriz Baltroc (ARI), presentó una iniciativa que cita a la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Nº 3 a fin de que brinde explicaciones acerca del accionar de la misma y de las denuncias existentes en su contra, en reunión conjunta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación y de la Comisión de Vivienda.
En 1991 se había arribado a un principio de solución, al celebrar la Municipalidad de la Ciudad un acuerdo a través del cual el dominio del 70 por ciento del predio fue transferido a la Cooperativa San Telmo. Se estableció que el destino del mismo sería el de viviendas unifamiliares y se comprometieron fondos para realizar las obras en un plazo no mayor de tres años. Además de que nunca se ejecutaron tales obras y el deterioro del predio fue cada vez mayor, un decreto -el 1621/2000- desconoció lisa y llanamente los derechos que las familias habían adquirido con el acuerdo del ’91.
"El objetivo del mismo (el decreto) fue evidente recuperar el predio para el Gobierno de la Ciudad, aún a costa del bienestar de quienes habitaban el mismo. Así es que se estableció un sistema a través del cual se los convertía en titulares de préstamos imposibles de afrontar a cambio de la desocupación de los terrenos, toda vez que nunca se utilizaron las restantes modalidades contempladas en el mismo", rezan los fundamentos de la iniciativa.
Según los diputados "la consecuente lucha de los vecinos y su negativa a retirarse del predio voluntariamente, generó un accionar cada vez más virulento por parte de los representantes del Poder Ejecutivo encargados de la puesta en marcha del sistema previsto en el decreto mencionado y, según lo han denunciado los vecinos en reiteradas oportunidades, se ha hecho moneda corriente el control del ingreso y egreso de personas y objetos, las intimidaciones, las amenazas y las agresiones sufridas por los habitantes del ex PADELAI".
