Paralelamente al debate en el Senado Nacional de la cuestionada ley de medios K, el PRO de la Ciudad, de la mano de su presidente de bloque en la Legislatura, Oscar Moscariello, presentó el pasado jueves, un proyecto de "ley de garantía de las libertades de expresión y prensa en la comunicación audiovisual".
La iniciativa busca regular "la prestación de servicios de difusión de señales, programas y contenidos audiovisuales cuyo soporte técnico de transmisión se realice mediante vínculos físicos que configuren redes ubicadas dentro de los límites territoriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y establece que sería la administración local la responsable de otorgar autorizaciones "para la instalación y explotación de servicios de difusión".
"Por medio de este proyecto buscamos reafirmar los derechos de la Ciudad Autónoma y de las provincias en materia de jurisdicción sobre la prensa audiovisual local, pero además propiciamos la creación de una autoridad de aplicación independiente de la política y garantizamos los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa, resguardando los derechos adquiridos. Además, en materia de despolitización de los medios, proponemos incorporar normas sobre asignación objetiva de la pauta publicitaria oficial y sobre el derecho de acceso a la información", fundamente el autor de la propuesta.
La autoridad de aplicación sería una agencia estatal descentralizada, autónoma y autárquica "conformada por un Consejo Directivo integrado por un presidente designado por el Jefe de Gobierno, con rango de Secretario de Estado; por un Tribunal Administrativo integrado por tres miembros; y por un Director Ejecutivo". También se crearía un Consejo de Libertad de Expresión integrado por trece representantes de diversas actividades vinculadas a la comunicación.
Sobre la pauta oficial, el proyecto expresa que "todo medio registrado que considere que ha sido injustificadamente discriminado en la asignación de publicidad oficial, podrá efectuar una denuncia" ante la autoridad de aplicación", y esta última deberá remitir anualmente a la Legislatura "un informe sobre las actuaciones que hubiere efectuado".
El proyecto establece un máximo de 12 minutos de publicidad por hora en "la televisión por suscripción" (cable) excluyendo la promoción de programación propia; también incluye una tarifa social dispuesta por "los prestadores de servicios de difusión por suscripción a título oneroso"; y la incorporación en programas informativos, educativos y culturales de producción local, de medios de comunicación visual adicional (subtitulado oculto, lenguaje de señas) para la recepción de personas con discapacidad.
