"Suponer que Grosso fue un integrante más de esa asociación ilícita carece de sustento lógico, dado que la instancia ejecutiva en el gobierno local se agotaba en su persona", opinó el Fiscal Pablo Lanusse, que entiende en la causa que se le sigue al ex intendente municipal, Carlos Grosso, por irregularidades en la concesión del complejo "Golf-Velódromo".
El viernes pasado, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen, integrada por Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo, le había dictado el procesamiento con prisión preventiva por este delito. Sin embrago, Grosso no fue encarcelado porque el juez Eliseo Otero le concedió la eximición de prisión. Esto es posible porque al ex funcionario porteño se lo está juzgando según el Código Procesal Penal "viejo", que permite este procedimiento.
Además, Lanusse expresó su desacuerdo con la fianza de 20 mil pesos fijada por el magistrado de primera instancia, por entender que no se condice con el embargo de 10 millones de pesos dispuesta sobre los bienes de Grosso el viernes último.
"Desde la gestión municipal – manifestó Lanusse – se conformó una asociación ilícita sellada por la confianza que inspiraba el dominio confabulado de las distintas áreas del poder institucional que compartían los imputados". El fiscal también enfatizó que "esta asociación ilícita se estableció en el más alto nivel ejecutivo del Gobierno comunal por el preciso designio del procesado Grosso, siendo por eso que debe responder a título de jefe de esa corporación delictiva".
La causa contra Grosso fue iniciada hace once años, en 1991, por el ahora jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, que por ese entonces se desempeñaba como fiscal. Éste denunció que la concesión del complejo del Golf se había realizado por medio de la empresa AESA, que "habría sido montada exclusivamente para obtener la licitación del complejo". Para Ibarra la licitación fue poco más que "una entrega directa de un predio municipal", que viola las leyes comunales.
Carlos Grosso había dicho en su defensa que la conflictiva licitación "fue resuelta con legitimidad", ya que "tuvo sus tiempos y sus instancias en la que pudo ser impugnada, y tuvo además su asignación y su ejecución", expresó. El ex intendente hasta el momento fue sobreseído por el juez Otero en cuatro oportunidades dentro de este expediente, pero cada vez que esto ocurrió la Cámara le revocó el fallo.
