El conjuez Carlos María Negri decidió rechazar una acción de amparo presentada por la defensora de Primera Instancia Marcela María Paz en contra de la resolución 772/03 dictada por el Consejo de la Magistratura durante la presidencia de Bettina Castorino, que impone la obligación de pagar el impuesto a las ganancias a todos los jueces, fiscales, defensores y asesores titulares del Poder Judicial de la Ciudad.
El magistrado entendió que el Consejo de la Magistratura tenía competencia para dictar los reglamentos internos del Poder Judicial de la Ciudad y que "la Constitución local previó expresamente que los jueces e integrantes del Ministerio Público estén alcanzados por los tributos generales, al igual que el resto de los habitantes de la Ciudad, en consonancia con el principio de igualdad de los impuestos y las cargas públicas".
El fallo fue dictado por un conjuez consentido por las partes, debido a que la totalidad de los jueces del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad se excusó de intervenir en autos.
