Este lunes a las 19, organizaciones y vecinos de La Boca asistirán a la Legislatura -Perú 160- para intervenir en una audiencia pública en la que se analizará el cambio de nomenclatura a Urbanización Parque (UP) de un terreno de 35.500 metros cuadrados ubicado en el predio conocido como Casa Amarilla. Se trata de un reclamo vecinal que tiene más de un año y medio y que data desde que un grupo de boquenses, aglutinados en la Comisión de Vecinos de la Calle Irala, comenzó a juntar firmas para presentar un proyecto que contemplaba la creación de un parque público en el lugar.
En abril de este año los diputados establecieron el cambio de zonificación del terreno para impedir la edificación de edificios de gran altura. Pero como la modificaciones al Código de Planeamiento Urbano son de doble lectura, la norma necesita para su aprobación definitiva, una segunda sanción y la realización de una audiencia pública entre ambas instancias.
La diputada Beatriz Baltroc (Autonomía Popular) fue quien promovió como propio en la Legislatura el proyecto de la Comisión de Vecinos de la Calle Irala y de esta manera le dio estado parlamentario, ya que esta propuesta, presentada originalmente como una iniciativa popular, no había logrado reunir la cantidad de firmas que exige la ley para estos casos. Más adelante, los diputados macristas Rodrigo Herrera Bravo y Marcos Peña redactaron otro proyecto complementario. De la suma de ambas propuestas surgió la norma aprobada en abril, que este lunes será debatida en audiencia pública. La misma, además del cambio de zonificación, establece la obligación al Gobierno porteño de llamar a un concurso público para elegir a los mejores proyectos para la zona. Éstos, entre otras cosas, deberán garantizar la creación de espacios verdes, la conectividad peatonal del barrio y la conectividad vehicular con independencia de la traza ferroviaria.
El terreno está delimitado por las calles Irala, Aristóbulo del Valle, la prolongación de Pi y Margall y las vías del ex Ferrocarril Roca y pertenece al ONABE. El organismo nacional, mediante un convenio firmado con las autoridades porteñas el 31 de julio de 2003, le dio a la Ciudad el permiso de uso del predio en forma gratuita, a condición de que fuera destinado para uso público y comunitario y que se prohibiera su explotación comercial.
