El pasado 22 de noviembre, a las tres y media de la tarde, Serafina López de Montenegro regresó al hotel San Miguel donde vivía, tal como acostumbraba a hacerlo todas las tardes. Acababa de dejar a sus dos hijos en la guardería y se disponía a hacer sus tareas cotidianas. Pero al llegar, las cosas no fueron como siempre.
Intentó abrir la puerta y no pudo: le habían cambiado la cerradura. Tocó timbre y nadie le respondió. Desde afuera, alcanzó a ver que sus pertenencias y las de toda su familia eran colocadas en el hall del hotel por el personal a cargo. Desesperada, corrió hasta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en busca de ayuda. Nadie le había notificado que iba a ser desalojada. Media hora más tarde llegó al hotel su marido, César Orlando Montenegro. Comprendió que sus hijos pasarían la noche en la calle y actuó de la misma manera que su mujer. A él tampoco le habían notificado nada.
El hotel San Miguel es uno de los tantos que alquila el Gobierno de la Ciudad como parte de un programa de ayuda a personas sin techo. En julio de este año, la secretaría de Promoción Social avisó que haría un cambio de operatoria. Dejaría de pagar los hoteles y les daría a las familias adscriptas la opción de obtener como resarcimiento aproximadamente 200 pesos por cada integrante. También propuso entregarles pasajes a los inquilinos que no fueran porteños para que pudieran regresar a sus provincias de origen. Estas medidas fueron ampliamente rechazadas por los beneficiarios del plan. Muchos de ellos se movilizaron hasta la Legislatura en busca de una solución. Finalmente, varios diputados porteños intercedieron ante Daniel Figueroa, por entonces secretario de Promoción Social, para que se revisara la medida.
Luego de las reuniones mantenidas, el gobierno decidió mermar el impacto de la medida con un cambio de operatoria más gradual. Continuó pagando los hoteles, al tiempo que les dio la opción del subsidio a quienes lo desearan a cambio que dejaran la habitación que ocupaban.
"El problema -afirmó una asesora de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura- es que mucha gente firmó la aceptación del subsidio sin saber que iba a ser desalojada". Este parece haber sido el caso de César Montenegro. Desde el gobierno porteño, afirman que cobró 1.500 pesos y que debe abandonar el hotel. Él asegura que la suma se la ofrecieron como un subsidio para realizar un microemprendimiento (compró una máquina de coser "Singer") y que esto no tiene nada que ver con su situación habitacional.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Montenegro y su esposa se trasladaron a la Defensoría ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Allí fueron atendidos por el defensor oficial Fernando Lodeiro Martínez y por el asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno, quienes presentaron una medida cautelar para evitar el desalojo. Finalmente, el juez Ricardo Zuleta aceptó el pedido de reincorporación y la familia Montenegro regresó al hotel.
A medianoche, cuando llegaron, solamente encontraron la mitad de las pertenencias que habían permanecido en el hall.
DENUNCIAN SOBREPRECIOS Y HACINAMIENTO
El alquiler de hoteles por parte del gobierno de la Ciudad está sospechado de conllevar actos de corrupción, a través del sobreprecio que se factura. En este sentido el diputado porteño Julio Crespo Campos (UceDé) manifestó que "se está usando a la gente pobre para esconder un negocio que ronda los 10 millones de dólares anuales" y que "se pagan cuartos miserables de hoteles a razón de 1000 pesos por mes, lo que cuesta alquilar un buen departamento en barrio norte". Por ese motivo, el legislador realizó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Nº 26, secretaría 135 a cargo del Dr. Roberto Muratore, en la que involucró al jefe de Gobierno, Anibal Ibarra, al ex secretario de Promoción Social, Daniel Figueroa y ex al Director de Habilitaciones y Permisos, Horacio Spandonari.
Crespo Campos afirmó poseer "más de cien facturas de cinco hoteles distintos, que figuran como de propietarios distintos que están, en su mayoría, llenadas a mano por la misma letra y hechas en la misma imprenta".
Otra cosa que se critica es el hacinamiento que, según se denuncia, padecen las familias albergadas en los hoteles. Al respecto, César Montenegro afirmó que, antes de que lo trasladaran al hotel San Miguel, estuvo viviendo en otro ubicado en Cochabamba 1516 y que allí, tanto él como su familia fueron ubicados en un garage. "La propietaria de ese hotel era Alicia Vasconcellos quien, según me comentaron, era la coordinadora del ex PADELAI (Patronato de la Infancia)", concluyó Montenegro.
