Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el arquitecto y defensor Adjunto, Atilio Alimena, cuestionó la forma en que se desarrollaron los trabajos de excavación en el predio lindante al edificio ubicado en la calle Mendoza al 5000 del barrio de Villa Urquiza que se desmoronó en la tarde del pasado lunes debido al debilitamiento de sus cimientos.
?La pasión que se pone para terminar las obras y venderlas, genera que los profesionales de la construcción no tomen los recaudos necesarios que establece la ley?, afirmó el Defensor Adjunto.
Y agregó: ?Este caso se hizo de manera no convencional y no técnica dejando desguarnecida la base de la propiedad. Uno puede intuir, por el desplazamiento que se produjo, que sacaron toda la tierra junta, cuando debió haberse hecho en etapas debido a que la propiedad lindante no tenía cimientos profundos para evitar el desmoronamiento?.
Tras remarcar que ?el Estado debe controlar y realizar el seguimiento? de las obras, Alimena reconoció que ?lamentablemente el Estado no puede convivir con el profesional de la construcción?, y que una vez que se otorgan los permisos, cada profesional es responsable de las tareas que se realizan.
?A partir que el profesional se registra, firma haciéndose responsable por la obra. Los colegios profesionales deberán discutir estos temas, la posibilidad de pérdida o suspensión de la matrícula?, concluyó.
